jueves, 30 de noviembre de 2017

Sí se puede se preocupa por las evidentes carencias del servicio de mantenimiento de colegios públicos e inmuebles municipales



Eligio Hernández Bolaños solicita los expedientes sancionadores abiertos a la empresa adjudicataria ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y en materia laboral

La formación ecosocialista denuncia el énesimo perjuicio por la mala praxis de empresas privadas que gestionan servicios municipales, ante la pasividad de CC-PP

Sí se puede manifiesta su preocupación por las evidentes carencias del servicio de mantenimiento de colegios públicos e inmuebles municipales de Santa Cruz de Tenerife. El concejal del grupo ecosocialista en la corporación Eligio Hernández Bolaños solicita los expedientes sancionadores abiertos a la empresa adjudicataria, ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y en materia laboral.


La formación denuncia el énesimo perjuicio por la mala praxis de empresas privadas que gestionan servicios municipales, ante la pasividad de CC-PP, que gobiernan juntos el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

Hernández Bolaños asegura que “las carencias evidentes del servicio de mantenimiento, reforma, ampliación y mejora de colegios públicos, dependencias y edificaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se constatan al observar el deterioro de muchos colegios públicos del municipio, como el Onésimo Redondo en El Toscal o el Gesta 25 de Julio en La Salud, por ejemplo, o de dependencias municipales como las destinadas a asociaciones vecinales o a otros colectivos”.

El concejal recuerda que el alcalde José Manuel Bermúdez se ha dirigido en varias ocasiones a vecinos y vecinas, e incluso a miembros de Ampas, para justificar esta falta de mantenimiento de los inmuebles municipales en que "hay graves problemas con la empresa de mantenimiento”, cuya concesión acaba en febrero de 2018. “Pareciera que, a pesar de los incumplimientos manifiestos, el alcalde se lava las manos y pretende prolongar esta situación hasta que finalice el contrato con esta empresa”, apunta Hernández Bolaños.

A juicio de Sí se puede, “la falta de exigencia con las empresas que le prestan servicios hace del Ayuntamiento una suerte de ONG dedicada a enriquecer empresarios en detrimento de los contribuyentes, y por supuesto de los derechos laborales del personal de estos servicios”.

La empresa Elecnor viene conculcando derechos laborales desde el momento en que resultó adjudicataria del servicio en 2014 al no subrogar la plantilla anterior, a pesar de que durante el procedimiento de licitación presentó un escrito en el que se comprometía a incorporar al personal que hasta ese momento prestaba el servicio y que figuraba en la lista publicada por el Ayuntamiento.

También conculca estos derechos al no respetar el convenio colectivo de aplicación. La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al colectivo de trabajadores que han demandado, al declarar improcedente los despidos realizados por la empresa. El propio tribunal reconoce que existía sucesión de empresas, de forma que la subrogación no es una cuestión de voluntariedad sino un imperativo legal. Lo paradójico de esta situación es que esta empresa obtuvo, en el momento de la licitación, la máxima valoración en el apartado de mejoras referidas a la estabilidad laboral.

“El Ayuntamiento parece hacer la vista gorda cuando todo indica que hay un incumplimiento flagrante de las obligaciones del contratista en materia laboral, al haber incluso personal adscrito despedido. Esa ceguera incluye otros incumplimientos, como las obras necesarias que no se acometen y las inspecciones periódicas que no se realizan”, puntualiza Hernández Bolaños.

“Es sangrante que esta situación se prolongue cuando el propio Ayuntamiento ya ha sancionado a esta empresa, al menos en una ocasión”, detalla el concejal ecosocialista, al destacar que Elecnor se negó a reparar la caldera de agua caliente del Centro Municipal de Acogida, conocido como Albergue municipal, de manera que obligó al IMAS a actuar de forma subsidiaria, un hecho que supuso la imposición a la empresa adjudicataria de una penalización de 11.000 € por infracción grave. El informe que dio lugar a la sanción reconocía, incluso, la actitud “rebelde” de la empresa y la acusaba de incumplir sus obligaciones contractuales esenciales, algo que, a juicio de Sí se puede, “puede ser objeto de resolución contractual según la legislación de contratos del sector público y el propio pliego de cláusulas administrativas particulares”.

Hernández Bolaños concluye señalando que “este es otro ejemplo más del descontrol de los servicios municipales privatizados que acaba afectando directamente a plantillas, que ven cómo se precarizan sus condiciones laborales, y a la ciudadanía, que ve el deterioro de los servicios públicos”. Esta situación es producto de “la falta de fiscalización o la ausencia de cláusulas sociales en los contratos que permitan al Ayuntamiento intervenir cuando los adjudicatarios incumplen con sus trabajadores o por convertir las licitaciones en meras subastas que posibilitan una reducción temeraria de los costes de los servicios”.