miércoles, 25 de octubre de 2017

Sí se puede considera prioritario aumentar el presupuesto de Santa Cruz en Servicios Sociales y Vivienda más de 6 millones de euros

La organización ecosocialista impulsa cambiar el modelo, remunicipalizar y aumentar el personal de las UTS

Estas enmiendas contemplan destinar 3 millones a alquiler social y 2 millones a rehabilitación y restauración de viviendas

Sí se puede considera prioritario aumentar el presupuesto de Santa Cruz de Tenerife en Servicios Sociales y Vivienda más de 6 millones de euros, además de ver imprescindible un cambio de modelo en intervención y plantea, por tanto, remunicipalizar algunos servicios de carácter social y aumentar el personal de las Unidades de Trabajo Social (UTS).


Así lo propone la organización ecosocialista en varias de las enmiendas que presenta al proyecto de presupuesto del gobierno de CC-PP para el Ayuntamiento capitalino en 2018, para su debate durante el pleno que se celebra este viernes, 27 de octubre y que significan un total de 6.179.118,8 €.

“Exigimos una partida de 3.232.000 euros, en materia de promoción de vivienda pública y alquiler social, una línea de actuación en la que el gobierno de CC-PP no tiene previsto invertir siguiendo la pauta del resto del mandato; es algo que no nos parece razonable ni tolerable, al tener en cuenta  las enormes dificultades con las que se encuentran las familias con menos recursos económicos para encontrar una vivienda asequible y digna”, detalla la concejala de Sí se puede en la corporación Asun Frías.

La crítica ecosocialista va más allá, al confirmar el carácter de “bulo mediático” del anuncio de una supuesta intención de invertir en alquiler social, ya que “no se prevén partidas para construir viviendas en régimen de alquiler social o al menos para la compra de vivienda construida para este fin”, asegura Frías. La propuesta de Sí se puede precisa que esta compra debe hacerse “a particulares y nunca a grandes tenedores de viviendas vacías, como los bancos, que tras el multimillonario rescate efectuado en el pasado reciente, tienen una deuda con la ciudadanía, por la que se les debe exigir la colaboración desinteresada en esta materia”, apunta el texto de la enmienda.

La política de viviendas que propone Sí se puede se completa con una enmienda para la creación de una convocatoria de subvenciones para la rehabilitación y restauración para que se adapten a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que estaría dotada con 2.319.482,80 euros. La medida tampoco está prevista en el anteproyecto del equipo de gobierno. En cambio, “en Sí se puede consideramos necesaria una enmienda que conlleve una generosa dotación presupuestaria, en la que, a la hora de otorgar las subvenciones se prime la gravedad del estado de la edificación y las rentas de las personas propietarias del inmueble”, apunta la concejala.

Servicios Sociales
En el resto de las políticas sociales, Sí se puede plantea un incremento todavía mayor del presupuesto de Servicios Sociales por un total de 627.636 euros, de los que 527.636 euros irían al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y otros 100.000, al aumento del personal de las UTS, que todavía es muy insuficiente en su número, aunque se incrementó en 2017.

Lo más importante en este apartado, es la necesidad de “un cambio en el modelo de intervención, lo que también implica la remunicipalización de algunos servicios”. A juicio de Sí se puede, “hay que dar pasos para romper con el modelo asistencialista imperante y avanzar hacia políticas que faciliten que las personas y los barrios sean protagonistas de sus procesos de desarrollo vitales y comunitarios”, explica Frías.

Esta reorientación de las políticas sociales que plantea Sí se puede tiene un componente de “cambio cualitativo significativo; se trata de reorientar las líneas maestras que inspiran el trabajo”, manifiesta la concejala.

En cualquier caso, en los presupuestos se puede traducir en la recuperación de la gestión directa de servicios esenciales, como el de Ayuda a domicilio, que no significaría un coste añadido, sino una gestión directa de los 5.309.136,00 euros que el gobierno de CC-PP prevé que el IMAS entregue a la empresa concesionaria del servicio.