martes, 22 de agosto de 2017

Sí se puede considera que las nuevas condiciones para la concesión del Palacio Municipal de Deportes perjudican a la ciudadanía



Eligio Hernández Bolaños solicita información sobre las nuevas condiciones de la licitación para la privatización de la piscina David González Rodríguez, del pabellón Paco Álvarez y de las canchas de tenis anexas

Sí se puede considera que las nuevas condiciones para la concesión del Palacio Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife perjudican a la ciudadanía. El concejal del grupo municipal ecosocialista en la capital tinerfeña Eligio Hernández Bolaños ha presentado una solicitud de información sobre las nuevas condiciones de la licitación para la privatización de la piscina David González Rodríguez, del pabellón Paco Álvarez y de las canchas de tenis anexas.


El concejal de Sí se puede pide revisar el expediente del contrato administrativo de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, financiación y ejecución de las obras de ampliación y reforma del Palacio Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife y su posterior explotación, conservación y mantenimiento. “La lectura del expediente nos permitirá conocer las razones que aparentemente justifican los cambios que hemos detectado en el coste del servicio y, en general, de las condiciones de la concesión”, explica.

Entre estos cambios, Hernández Bolaños señala que “el canon fijo que deben pagar las empresas concesionarias al Ayuntamiento ya no lo es, puesto que en la nueva licitación se propone que este dependa de los ingresos” y detalla que “concretamente, sería del 0,5% de los ingresos brutos, lo que supone que, según las previsiones del estudio de viabilidad, nunca será superior a los 25.000 € fijos establecidos originalmente”.

Igualmente, el coste de la inversión se incrementa en más de cuatro millones de euros sin razón aparente y se amplía de 35 a 40 años la privatización de las instalaciones.

Mientras el plan de viabilidad que acompañaba al anteproyecto de esta concesión de obra pública establecía una política tarifaria para “alcanzar un beneficio social más que un beneficio económico, fortaleciendo así el posicionamiento a que toda la población tenga fácil acceso al deporte y al cuidado de la salud”, según figura en el documento, ahora, el apartado 4.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares establece literalmente que “el contratista gozará de libertad tarifaria”, lo que supone que la empresa que gestione las instalaciones tendrá total potestad para imponer precios de mercado, algo que va en claro detrimento del beneficio social.

En definitiva, concluye Hernández Bolaños, “los cambios parecen indicar que se pretende dar más facilidades a las futuras empresas concesionarias en contra del interés general de la ciudadanía”. La organización ecosocialista, recuerda el concejal, se ha mostrado contraria a esta privatización y en defensa de su gestión pública, así como ha señalado que “el hecho de que la concesión supere en mucho los años en los que ya estaría amortizada la inversión ya suponía un chollo para las concesionarias”, subraya.