lunes, 3 de julio de 2017

Sí se puede muestra su satisfacción por la nueva sentencia favorable a las trabajadoras de ayuda a domicilio



Frías reitera que no son casos puntuales y exige que el Ayuntamiento de Santa Cruz vele por los derechos laborales

La concejala ecosocialista denuncia que García vuelve a incumplir su palabra y sigue retrasando la licitación del servicio

Sí se puede muestra su satisfacción por la nueva sentencia favorable a las trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio en Santa Cruz de Tenerife, que gestiona la empresa Eulen. La concejala del grupo municipal ecosocialista en la corporación capitalina Asun Frías reitera que “no se trata de casos puntuales” y exige el grupo de gobierno de CC-PP que el Ayuntamiento vele por los derechos laborales.


Frías se refiere a la sentencia reciente por la que se condenó a la empresa Eulen a pagar 7.179 euros a tres de sus empleadas del servicio a domicilio y en la que el tribunal dio la razón a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que habían denunciado diferencias salariales debidas al incumplimiento de la obligación de aplicar el VI Convenio Marco Estatal de Atención a las personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, va en la misma línea de la que otro juzgado de lo Social, el nº 5 de esta capital, dictó en octubre de 2016, y confirma que no se está pagando adecuadamente el precio/hora por parte de la empresa, por lo que "entendemos que todas las denuncias pendientes o las nuevas que se realicen por parte del personal se resolverán en el mismo sentido", señala la concejala.

Sí se puede exige al alcalde, José Manuel Bermúdez, y a su equipo que no miren para otro lado, sino que atiendan a la línea marcada en los juzgados, donde queda claro el incumplimiento del convenio colectivo. Frías recuerda a Bermúdez que debe hacer que se ejecuten los acuerdos plenarios y que se le vuelva a exigir a Eulen que respete lo establecido en los pliegos de contratación.



Licitación retrasada
Frías denuncia también que el concejal presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, “vuelve a incumplir su palabra y sigue retrasando la licitación del servicio”. La concejala recuerda que, en la sesión de la Comisión de Control del mes de mayo pasado, García manifestó su intención de iniciar la licitación en junio, tras realizar todos los trámites necesarios para el desarrollo del expediente administrativo de contratación del servicio y después de pasar por el Consejo Rector, que preveía para finales del mes de mayo o principios de junio.

Posteriormente, en la Comisión de Control celebrada el 15 de junio pasado, ante una iniciativa de Sí se puede, el concejal del IMAS “volvió a comprometerse a iniciar la licitación en junio, pero lo cierto es que ya estamos en julio y todavía no se ha publicado el anuncio de licitación, ni siquiera ha convocado el Consejo Rector para aprobar los pliegos”, apunta Frías.

La situación real es que se está dando “una prórroga tácita del servicio de ayuda a domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en un evidente incumplimiento de la declaración de urgencia que se dio a la tramitación para la contratación de este servicio esencial en febrero de 2016, de forma que, por la vía de los hechos, se ha mantenido durante más de un año la situación irregular de continuidad tácita de la concesión del servicio”, asegura Frías.

A juicio de Sí se puede, este servicio debe estar municipalizado y ser de gestión directa por parte del IMAS, medida que propuso y fue rechazada por el pleno en septiembre de 2016. En cambio, el pleno sí aprobó entonces otros aspectos de la moción, que comprometen a la forma en que debe prestarse el servicio y que afectan a su licitación.

Se trata de garantizar los puestos de trabajo del personal que actualmente se hace cargo de la Ayuda a Domicilio en Santa Cruz de Tenerife. La licitación, según el acuerdo plenario, debe incluir una cláusula de subrogación del personal en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. Asimismo, la empresa adjudicataria está obligada a cumplir con el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo del sector, recuerda la concejala de Sí se puede.