jueves, 13 de julio de 2017

Sí se puede lleva de nuevo al pleno de Santa Cruz la defensa de los derechos laborales en el servicio municipal de vigilancia y seguridad

Pedro Fernández Arcila propone requerir el pago inmediato del salario atrasado al personal y la mayor sanción prevista para Seguridad Integral Canaria

La organización ecosocialista denuncia que continúan los incumplimientos

Sí se puede lleva al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que se celebra el próximo viernes, 21 de julio, una moción para defender los derechos básicos de los trabajadores y las trabajadoras ante el incumplimiento de la actual adjudicataria del servicio municipal de vigilancia y seguridad, la empresa Seguridad Integral Canaria S.A.


El portavoz del grupo municipal ecosocialista en la corporación capitalina, Pedro Fernández Arcila, destaca que, a pesar de que el pleno ya aprobó en mayo de 2016 por unanimidad una moción de Sí se puede que fue enmendada por el concejal de Hacienda, “los incumplimientos siguen produciéndose de manera desvergonzada”.

Arcila destaca que “en este año 2017 los retrasos en el pago de salarios han sido continuos hasta el punto que la nómina del mes de junio no ha sido aún abonada a la fecha de presentación de la presente moción, este mismo jueves, 13 de julio”. El portavoz de Sí se puede señala que “se ha advertido al servicio municipal de esta irregularidad, sin que se haya actuado como ordenan los pliegos”.

Esta situación es la que motiva la presentación de nuevo de una moción para que el pleno aborde el asunto en la búsqueda de una solución definitiva a un caso en el que “una empresa adjudicataria de un servicio municipal no solo no cumple la ley en materia laboral, sino que, además, se burla del pleno al incumplir sus mandatos”, apunta el concejal ecosocialista.

Sí se puede plantea en esta ocasión al pleno, como primer acuerdo “requerir a la empresa Seguridad Integral Canaria S.A. para que, de manera inmediata, cese en la vulneración de este derecho básico de los/as trabajadores/as”. De aprobarse la iniciativa ecosocialista, además, el Ayuntamiento se dirigirá al órgano competente “para que proceda a comprobar el retraso continuado desde enero de 2013 en el pago de salarios del personal de vigilancia y seguridad adscrito a Seguridad Integral Canaria S.A. que presta servicios en este Ayuntamiento, pudiendo, para ello, solicitar la cooperación de la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife”.

Finalmente, Sí se puede propone sancionar a la empresa “con la mayor sanción económica que proceda” de acuerdo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco. En este sentido, Arcila recuerda que el documento en el que se establece las condiciones de adjudicación del contrato para la prestación del servicio califica de “muy grave el incumplimiento en materia de Prevención de riesgos laborales que pueda suponer un peligro grave para la salud e integridad física de los trabajadores y trabajadoras y como grave otros incumplimientos en esta misma materia”.

Desde enero de 2013, la empresa citada es la encargada de funciones de vigilancia y seguridad, entre otros, en la sede central del Ayuntamiento, en las sedes municipales del Parque La Granja y Ofra, sede del IMAS, Pabellón de Deportes y piscinas municipal Acidalio Lorenzo y Las Delicias, Museos, sede de la Gerencia de Urbanismo y oficinas de los distritos, entre otros, además de hacerse cargo de otros servicios esporádicos en fiestas –como el Carnaval, o las Fiestas de Mayo–, y en eventos deportivos y culturales, entre otros.


A pesar de que el Ayuntamiento paga puntualmente por la prestación del servicio, de forma sistemática, Seguridad Integral Canaria S.A. incumple la obligación establecida en el Estatuto de los Trabajadores de pagar antes del 5 del mes en curso. La situación afecta, aproximadamente, a una treintena de trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en las dependencias municipales que, cada mes, vienen percibiendo su salario entre los días 10 y 15. La Inspección de Trabajo califica esta situación de “riesgo psicosocial en la empresa que afecta de manera grave y directa a su personal, derivado de este retraso reiterado en el pago de salarios”.