miércoles, 14 de junio de 2017

Sí se puede insiste en conocer cómo paga Cetensa el canon que debe al Ayuntamiento de Santa Cruz por los cementerios municipales

Pedro Fernández Arcila reclama a Dámaso Arteaga “un compromiso con la transparencia”

Sí se puede insiste en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz correspondiente al mes de junio en la pregunta que ya hizo en mayo pasado para conocer el detalle de los fondos que la empresa concesionaria de los cementerios municipales de Santa Cruz de Tenerife, Cetensa, ha pagado al Ayuntamiento por la prestación de los servicios correspondientes.


El portavoz del grupo municipal ecosocialista en la corporación, Pedro Fernández Arcila, pide al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga Suárez, “un compromiso con la transparencia” después de que Arteaga respondiera de forma evasiva el mes pasado, con una respuesta por escrito, en la que aseguró literalmente que la información solicitada por Sí se puede “ha sido requerida a la Tesorería Municipal (…) En cuanto se disponga de ella, se remitirá a ese grupo de forma inmediata”.

Un mes después, Arcila vuelve a inquirir a Arteaga en la sesión de control que se celebra este jueves, 15 de junio. Pregunta al responsable municipal de Servicios Públicos “qué cantidad se ha abonado en los últimos 10 años en concepto de canon anual por la explotación del tanatorio de Santa Lastenia y por qué razón no se ha cumplido con el requerimiento del concejal de Servicios Públicos”, dado que la información que Arteaga asegura haber pedido a la Tesorería municipal no se ha remitido aun al grupo municipal ecosocialista. En el caso de que se hayan realizado estos pagos, se pide también el detalle de estas cantidades en periodos anuales.

A juicio de Sí sepuede, en el caso de Cetensa, la gestión del alcalde Bermúdez y de Arteaga se caracteriza por desoír reiteradamente los informes municipales y las exigencias del pleno, que han reclamado una auditoría del servicio de cementerios. Se trata de un comportamiento característico de un gobierno “multinacionalista, que, en lugar de defender los intereses de la ciudadanía, protege a las grandes empresas a las que ha entregado los servicios públicos esenciales de la ciudad”, asegura Arcila.