miércoles, 5 de abril de 2017

Sí se puede rechaza la falta de compromiso del IMAS con el acuerdo plenario de evitar cortes eléctricos a familias con pocos recursos económicos

Asun Frías reprocha al concejal Óscar García que se atreva a decir que “son pocos los casos en Santa Cruz”  

Sí se puede rechaza la falta de compromiso del concejal presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, con el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Santa Cruz para evitar los cortes eléctricos a familias con pocos recursos económicos en la capital tinerfeña.

La concejala del grupo municipal ecosocialista Asun Frías asegura que “nos parece grave que el presidente del IMAS diga que son pocos los casos de familias que no pueden pagar la luz en Santa Cruz, porque al propio grupo municipal de Sí se puede nos llega una decena de casos todas las semanas y las remitimos al IMAS, allí deben de llegar otras muchas”.


Además, “en la respuesta plenaria quedó claro que el presidente del IMAS no había comenzado las negociaciones con otras comercializadoras eléctricas, solamente con ENDESA”, explica Frías, cuando el acuerdo plenario para iniciar negociaciones con las compañías eléctricas que operan en las Islas para redactar un nuevo convenio que contemple estas situaciones se adoptó por unanimidad en julio de 2016, hace ya nueve meses. La moción fue impulsada conjuntamente por Sí se puede y la plataforma ciudadana 29 E.

Por estos motivos, Sí se puede está “muy insatisfecho con la respuesta” que García dio en la sesión plenaria celebrada el viernes pasado, en la que Frías inquiría al grupo de gobierno de CC-PP por qué las compañías eléctricas siguen cortando la luz a familias que han demostrado tener pocos recursos económicos y cuándo va a solventarse esta injusta situación.

La organización ecococialista lucha “para instaurar un sistema de garantía de rentas y para que se cree una comercializadora pública de energía eléctrica en Canarias”, precisa la concejala, “mientras, exigimos más recursos municipales para garantizar que ninguna familia de Santa Cruz sufra cortes eléctricos por motivos económicos, igual que no debe estar sin agua o sin alimentos como consecuencia de la injusticia social”, subraya.

“Es viable alcanzar este tipo de acuerdos con las compañías eléctricas, como lo demuestra el promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas en mayo de 2016”, insiste la concejala, quien destaca entre las mejoras alcanzadas en la capital grancanaria el que sea suficiente una valoración técnica por parte de las Unidades de Trabajo Social (UTS) municipales para proceder a la suspensión del corte de suministro de energía eléctrica, mientras que en el convenio al que está acogido Santa Cruz de Tenerife es necesaria una resolución previa que certifique la concesión de una ayuda.

Además, en el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Las Palmas se amplía el plazo de 30 a 60 días para que las familias se pongan al corriente del pago de los recibos mediante la citada ayuda económica que le facilitaría el Ayuntamiento con la fórmula del pago a terceros. Además, la administración local asume el coste del pago de la factura si no se ha resuelto la solicitud y el trámite de ayuda de emergencia social.

Sí se puede considera que “ese convenio de ENDESA con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe extenderse a todos los municipios de Canarias y, en particular, a Santa Cruz de Tenerife, dada la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social de muchas familias de esta capital, agravada por su condición urbana y de capitalidad”. Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de hogares en situación de pobreza energética (15,09%), solo superada por Ceuta y Melilla, según el informe “Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación”, publicado en 2015 por el Centro de Investigaciones Economics for Energy.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concedió en 2015 1.736 Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas a pagar la factura de la luz. El proceso de solicitud de PEAS a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) dura más de un mes en bastantes casos, de forma que no se evitan todos los cortes y se penaliza la restauración del servicio, mientras que “un convenio como el suscrito por Las Palmas de Gran Canaria implicaría una enorme reducción de los cortes eléctricos por motivos económicos”, manifiesta Frías.