viernes, 7 de abril de 2017

Sí se puede denuncia la dejadez del gobierno de CC-PP con la situación de la AA VV Capuchino de Finca La Multa



La organización ecosocialista trasladó el malestar vecinal al Tagoror del Distrito de Ofra-Costa Sur en septiembre de 2016

El gobierno municipal desoyó el descontento ciudadano expresado ante Participación Ciudadana y la Comisión especial de sugerencias y reclamaciones (CESR)

Sí se puede denuncia la dejadez del gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la situación de la AA VV Capuchino de Finca La Multa.

La organización ecosocialista recuerda que ya en septiembre de 2016 trasladó al Tagoror del Distrito de Ofra-Costa Sur el malestar vecinal con “las personas que puso CC al frente de la asociación”, informa el vocal de Sí se puede en este espacio de participación ciudadana, Miguel Ángel Quintana.

El gobierno municipal también desoyó el descontento ciudadano expresado ante la Concejalía de Participación Ciudadana y la Comisión especial de sugerencias y reclamaciones (CESR), asegura Quintana, quien detalla que “en agosto de 2016, los vecinos nos llamaron para denunciar la situación de la asociación: no se organizaban actividades para la participación del vecindario, se había convertido en un chiringuito de Coalición Canaria, había irregularidades en la distribución de alimentos y se repartían alimentos caducados”.

La organización ecosocialista informó de esta situación al tagoror del distrito, al mismo tiempo que denunció la total inactividad de la AAVV en cuanto colectivo vecinal, además del uso del local para fines distintos a los previstos en el estatuto, el corte del suministro de luz por falta de pago, la reconexión ilegal ejecutada por la persona que se había apropiado del local, entre otras situaciones irregularidades.

La situación estaba tan degradada que la única actividad organizada en el local fueron fiestas acompañadas de ruido y peleas hasta altas horas de la madrugada, lo que llegó a provocar quejas y denuncias constantes del vecindario ante la Policía Local.

“Los vecinos pedían además el cumplimiento de los Estatutos de la asociación y denunciaban la vulneración de varios de sus artículos; todo esto lo sabían CC y PP, pero en el tagoror despreciaron nuestro planteamiento”, apunta.  “La sesión del tagoror se convirtió en una pantomima –dice el vocal–.  Vetaron nuestros argumentos completamente, diciendo que la asociación estaba en regla, porque habían actualizado la documentación rápidamente”.

El bloqueo de las quejas ciudadanas en el tagoror llevó el vecindario a tramitar más quejas, esta vez ante la Concejalía de Participación Ciudadana y la CESR; tampoco recibieron respuesta, hasta que la Policía Nacional recientemente se incautó de armas de fuego y estupefacientes en el local vecinal y el gobierno municipal se ha visto en la obligación de cerrarlo de forma cautelar.