martes, 21 de marzo de 2017

Sí se puede pregunta por qué continúan los cortes eléctricos a familias con pocos recursos económicos en Santa Cruz




Asun Frías recuerda que el pleno aprobó en julio de 2016 negociar un nuevo convenio con las eléctricas, guiado por el acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Sí se puede pregunta al grupo de gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “por qué las compañías eléctricas siguen cortando la luz a familias de nuestro municipio que han demostrado tener pocos recursos económicos y cuándo va a solventarse esta injusta situación”, según figura en el texto de la consulta registrada por el grupo municipal ecosocialista para su respuesta en el próximo pleno de la corporación, que se celebra el 31 de marzo.


La concejala de Sí se puede Asun Frías recuerda en los antecedentes de la cuestión que la corporación de la capital tinerfeña aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo ecosocialista conjuntamente con la plataforma ciudadana 29 E, con el fin de establecer “un convenio que evitase los cortes eléctricos a las familias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad social”.

Frías detalla que los acuerdos alcanzados hace ya ocho meses establecían “continuar la negociación con las compañías comercializadoras de electricidad para establecer un convenio que evite los cortes eléctricos a las familias con menos recursos económicos de nuestro municipio, mejorando las condiciones del que ya existe entre la FECAM y ENDESA”, así como trasladar a la Federación canaria de municipios (FECAM) dicho acuerdo para que los demás municipios de Canarias se beneficien con las posibles mejoras. 

Después del tiempo transcurrido, “le siguen cortando la luz de manera indeseada a familias usuarias de los Servicios Sociales municipales”, apunta la concejala, que destaca que es viable alcanzar el tipo de acuerdo aprobado, como ya ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento firmó un convenio con ENDESA en mayo de 2016 que mejora “sustancialmente el firmado en noviembre de 2015 entre esta empresa y la FECAM”.


Negociar mejoras
Una de las mejoras alcanzadas por el gobierno progresista de la capital grancanaria consiste en que es suficiente una valoración técnica por parte de las Unidades de Trabajo Social (UTS) municipales para proceder a la suspensión del corte de suministro de energía eléctrica, mientras que en el convenio al que está acogido Santa Cruz de Tenerife es necesaria una resolución previa que certifique la concesión de una ayuda.

Además, en el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Las Palmas se amplía el plazo de 30 a 60 días para que las familias se pongan al corriente del pago de los recibos mediante la citada ayuda económica que le facilitaría el Ayuntamiento con la fórmula del pago a terceros. Además, la administración local asume el coste del pago de la factura si no se ha resuelto la solicitud y el trámite de ayuda de emergencia social.

Sí se puede considera que “ese convenio de ENDESA con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe extenderse a todos los municipios de Canarias y, en particular, a Santa Cruz de Tenerife, dada la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social de muchas familias de esta capital, agravada por su condición urbana y de capitalidad”, tal como figura en el texto de la moción aprobada en julio pasado por la corporación de la capital tinerfeña, que apuntaba también la necesidad de extender estos convenios e iniciar conversaciones con otras empresas comercializadoras de energía eléctrica que ya operan en Canarias.

Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de hogares en situación de pobreza energética (15,09%), solo superada por Ceuta y Melilla, según el informe “Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación”, publicado en 2015 por el Centro de Investigaciones Economics for Energy.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concedió en 2015 1.736 Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas a pagar la factura de la luz. El proceso de solicitud de PEAS a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) dura más de un mes en bastantes casos, de forma que no se evitan todos los cortes y se penaliza la restauración del servicio, mientras que “un convenio como el suscrito por Las Palmas de Gran Canaria implicaría una enorme reducción de los cortes eléctricos por motivos económicos”, manifiesta Frías.