miércoles, 21 de diciembre de 2016

Sí se puede insta al concejal de Hacienda a denunciar al Gobierno de Canarias si cree que ha falseado las cifras del reparto del REF



Frías indica que Martínez ha contravenido la comunicación autonómica por considerarla errónea

La organización ecosocialista exige un reparto justo de los recursos del REF y advierte de que todas las entidades locales estarían gravemente afectadas por el supuesto mal cálculo autonómico

Sí se puede insta al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a que denuncie a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias si realmente considera que el ejecutivo autonómico ha falseado las cifras del reparto de los ingresos derivados del REF correspondientes a la participación en los recursos del Bloque de Financiación Canario, tal como figura en un informe económico financiero del gobierno municipal, que también es respaldado por otro informe sobre el presupuesto municipal para 2017 emanado de la Intervención municipal.


Los efectos de esta situación son muy significativos para el proyecto de presupuesto que el grupo de gobierno municipal de CC-PP presenta este viernes, 23 de diciembre, al pleno de la corporación para su aprobación. En cualquier caso, el grupo municipal ecosocialista tiene decidido defender una enmienda a la totalidad del documento por otras muchas razones. 

La concejala de Sí se puede en el ayuntamiento de la capital tinerfeña Asun Frías considera que, de ser cierto el recelo que se expresa en estos documentos, el deber del concejal delegado de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, es ejecutar esta denuncia, porque es lo que corresponde en defensa de los intereses de Santa Cruz de Tenerife; se trata de “una actuación imprescindible que debe estar por encima de la lealtad de partido, ya que tanto la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, como Martínez pertenecen a Coalición Canaria”. 

Según las observaciones del concejal de Hacienda, el Gobierno de Canarias pretendería reducir intencionadamente las cifras del principal recurso de las entidades locales canarias, de forma que ocasionaría un perjuicio a la ciudadanía, que en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se cuantifica en un importe de millones de euros.

Por ese supuesto desfase, Martínez ignora las previsiones autonómicas en el proyecto de presupuesto que defenderá en el pleno del viernes. Sin embargo, “a pesar del argumento de recorte intencionado de los recursos municipales por el Gobierno de Canarias, no nos consta que se haya traducido en la presentación de ninguna reclamación o denuncia formal por parte del ayuntamiento”, dice Frías. 

La concejala, además, recuerda al gobierno municipal de la capital tinerfeña que, al haber detectado los hechos reseñados en el informe, el Ayuntamiento de Santa Cruz debía haber enmendado los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que fueron aprobados este martes por el Parlamento de Canarias después de un tortuoso proceso.  

El informe establece literalmente que los cálculos facilitados por el Gobierno de Canarias sobre los ingresos del REF son “manifiestamente reducidos y contrarios a la realidad económica de la recaudación”. Con este argumento, el equipo municipal que preside Martínez ignora la comunicación del ejecutivo autonómico sobre los fondos procedentes del REF, a la que tendría que ajustarse, y se arriesga a aumentar hasta 8.882.441,23 euros las previsiones de ingresos y, por tanto, de gastos, en el presupuesto municipal, aunque manda el criterio del ente pagador.

Ante esta situación, Sí se puede exige al Gobierno de Canarias un reparto justo y no falseado de los recursos del REF para Santa Cruz y para las demás entidades locales canarias. “Si la Concejalía de Hacienda de Santa Cruz está en lo cierto, todos los ayuntamientos y cabildos están siendo perjudicados por la fórmula de cálculo utilizada por la consejería que dirige Rosa Dávila”, destaca la concejala de Sí se puede. 

El importe esquilmado al conjunto de las entidades locales canarias sería de muchas decenas de millones de euros, lo que implicaría un enorme perjuicio social por ir en detrimento de los servicios públicos que prestan las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Por este motivo, Frías se pregunta cuál es el objetivo que se persigue con esta hipotética manipulación de las cifras y quién es responsable de esta decisión.