sábado, 12 de marzo de 2016

Sí se puede lleva un año esperando a que el Tribunal Económico Municipal diga si hay que cobrarle tasa al tranvía



Arcila presentó un recurso ante ese órgano en marzo de 2015 por entender que Metropolitano debe pagar por el uso de dominio público
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, lleva un año –concretamente desde el 4 de marzo de 2015– esperando por una respuesta del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) a su recurso sobre la viabilidad de cobrarle a la empresa Metropolitano de Tenerife la tasa por uso privativo del dominio público.


Sobre este retraso, Arcila señaló hoy que espera que la respuesta no se demore más y manifestó su deseo de que el silencio no obedezca a intereses políticos, los mismos que, según su punto de vista, han llevado al Ayuntamiento a no cobrarle a Metropolitano esta tasa durante años pese a que un informe del propio Consistorio ya señalaba en 2010 que este gravamen era legítimo. “Parece que el retraso se debe a que no se le ha enviado el expediente administrativo al tribunal, por lo que puede deducirse que esta dilación se debe a instrucciones políticas para que este recurso no se resuelva”, dijo el edil.

El concejal decidió presentar este recurso en marzo de 2015 ante la pasividad del grupo de gobierno, formado entonces por CC y PSOE, pues había pasado más de un mes desde que el Pleno acordara crear un grupo de trabajo de técnicos para analizar la propuesta de Sí se puede de pedirle este dictamen al TEAM si existieran dudas razonables sobre la exención de la que actualmente disfruta la empresa Metropolitano; pero este grupo ni tan siquiera se había constituido cuando Arcila se dirigió directamente al tribunal.

Aparte de los ingresos que se generarían si se aplicara la tasa, el Consistorio aún puede exigir el pago de los últimos cinco años, lo que puede ascender a más de tres millones y medio de euros, tan solo contando con la línea 1 del tranvía. Arcila ya mostró hace un año su convicción de que los argumentos jurídicos del entonces concejal de Hacienda para rechazar esta tasa eran seriamente cuestionables. Estos se basaban fundamentalmente en una resolución del coordinador general de Economía, Personal y Gestión, que aportaba “un razonamiento jurídico central de aplicación analógica para justificar un beneficio fiscal” que supone una evidente infracción del artículo 14 de la Ley General Tributaria, según el concejal ecosocialista.

Además, este razonamiento “supone una vulneración de la reserva de ley en materia tributaria y un claro incumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al establecer un beneficio fiscal atípico y dispar, en función de posibles intereses espurios o completamente ajenos a los principios que inspiran la ordenación y aplicación del sistema tributario, que garantiza que el sostenimiento del gasto público se realice en pie de igualdad”. Arcila finalizó señalando que “es urgente que se resuelva este recurso no solo por la cantidad de dinero que se obtendría para el erario municipal, sino también por el coste que debe prever la empresa Metropolitano ante las nuevas ampliaciones que prevé acometer”.