lunes, 14 de marzo de 2016

Clavijo y el patrimonio histórico



Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Los datos que empiezan a aflorar sobre la gestión del Conjunto
Histórico de La Laguna entre 2005-2015, coincidiendo, en su mayor parte, con la etapa en que el actual presidente de Canarias alcanzó máximas responsabilidades en el consistorio lagunero, parecen acercarnos a uno de los mayores y silenciados atentados a nuestro patrimonio histórico canario. Veamos.


La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife tomó conocimiento, en sesión de 5 de noviembre de 2015, de un informe de los técnicos de esa institución insular en el que se concluía que el Ayuntamiento de La Laguna viene otorgando, desde hace una década, licencias urbanísticas en el ámbito del Conjunto Histórico contrarias a la Ley de Patrimonio Histórico Canario, concretamente infringiendo el trámite de la autorización previa del Cabildo. Esta infracción determinaría, nada menos, que la nulidad de todas y cada una de las licencias emitidas por el Ayuntamiento en estos últimos diez años. Este informe venía precedido de otro elaborado por un grupo de profesores universitarios que coincidía con el realizado por la sección de Patrimonio Insular, al menos en lo que se refería a incumplimiento de aquella ley en las licencias de obras mayores en el Conjunto Histórico que no contaran con autorización previa. Según se recoge en el acta de aquella sesión de la Comisión Insular, este incumplimiento se producía a pesar de que el Cabildo había advertido reiteradamente a los responsables municipales de esta infracción. En virtud de ello la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, compuesta, entre otros miembros, por historiadores, expertos universitarios y arquitectos especialistas en la materia, ha elevado propuesta para que la Gerencia de Urbanismo de La Laguna informe sobre aquellas licencias que se hayan otorgado sin autorización previa o conformidad del Cabildo, “con vistas a su análisis y, en su caso, su revisión de oficio”.

Una gran parte de estas licencias infringían además el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, entre otras cuestiones, en aspectos referidos a incumplimientos de los niveles de protección que aquel documento les otorgaba a los inmuebles sobre los que se autorizaban las obras. Por ejemplo, en algunos casos se consintieron obras que significaron la demolición casi total de inmuebles con grado de protección integral o protección ambiental; en otros casos se autorizó la destrucción de elementos protegidos de determinados inmuebles o del Conjunto Histórico, y también se concedieron licencias que autorizaban la ocupación privativa espacios libres públicos. De lo visto hasta ahora parece lógico deducir que muchas de estas licencias se concedieran sin la autorización previa del Cabildo, precisamente para que no existiera control externo que advirtiera de estas irregularidades.

Estamos asistiendo al descubrimiento del mayor caso de destrucción programada de los valores de un conjunto histórico excepcional como consecuencia de un irresponsable modelo de gestión que pivotaba entre los caprichos de una multinacional del sector y la incompetencia y el clientelismo de los responsables políticos municipales.