miércoles, 30 de marzo de 2016

Arcila pregunta si ya se ha dado algún paso para eliminar la tasa de mantenimiento de cementerios



Dámaso Arteaga afirmó en diciembre que se modificaría la ordenanza
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en el Pleno del próximo viernes qué pasos ha dado el grupo de gobierno para cumplir su promesa de que se modificaría la ordenanza relativa a la tasa por mantenimiento de cementerios con el objeto de que ni el Consistorio ni la ciudadanía tengan que seguir abonando por este concepto a Cetensa, empresa concesionaria del servicio.


La pregunta se justifica en el anuncio hecho el pasado mes de diciembre por el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, en la Comisión de Control en el sentido de que se estaba trabajando para modificar la ordenanza correspondiente con el objeto de poner fin a este gravamen. Este anuncio se produjo en el marco de una pregunta formulada por Pedro Arcila sobre las medidas que estaba previsto tomar para acabar con esta posición de abuso por parte de Cetensa, lo que está motivando pagos que Sí se puede considera alarmantes.

Con su pregunta al Pleno del próximo viernes, el concejal ecosocialista desea saber qué pasos se han dado en esta dirección y cuándo se elevará al Pleno la modificación anunciada para su aprobación inicial. Según Arcila, la redacción de una nueva ordenanza es un asunto urgente por cuanto es la herramienta idónea para que Cetensa deje de cobrar por un concepto al que no tiene derecho, según el pliego de condiciones del contrato firmado con el Ayuntamiento y tal y como avala un informe técnico del propio Consistorio.

Esta práctica por parte de la empresa forma parte de un trato de favor de la Corporación que Sí se puede viene denunciando desde 2013, junto con otras gravísimas irregularidades de esta sociedad como la cesión gratuita a Cetensa durante 75 años de los terrenos donde se ubica el tanatorio de Santa Lastenia. Según informó Arteaga en la Comisión de Control de diciembre, el importe total de lo que habría que pagar a la empresa en las condiciones actuales podría superar los siete millones de euros, en lo que constituye “otro acto más de sumisión de este Ayuntamiento a los intereses de las multinacionales”, según Arcila.

El argumento de que la Corporación no hace otra cosa que cumplir sentencias judiciales favorables a Cetensa, esgrimido hasta ahora por Arteaga, se desmorona desde el momento en que Sí se puede reveló en el año 2014 la existencia de un informe técnico del propio Ayuntamiento en el que se negaba tajantemente la posibilidad de esta empresa de cobrar la tasa al no existir desequilibrio financiero que lo justificase. De hecho, si hay desequilibrio es en favor de la empresa, por lo que la tasa es del todo inaplicable, concluyó Arcila.