lunes, 7 de marzo de 2016

Arcila pide regular las tasas municipales para que no desincentiven el uso de placas fotovoltaicas



* Las ordenanzas equiparan la producción de energías renovables con actividades industriales y nocivas
* El edil lleva el asunto a la Comisión de Control de esta semana
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, señaló hoy que las tasas municipales relacionadas con la instalación de sistemas de generación de energías renovables, especialmente la fotovoltaica, podrían estar ocasionando la desincentivación del empleo de este recurso, clave para el desarrollo del municipio, por lo que propone al grupo de gobierno que busque alternativas para lograr un sistema tributario acorde a estas instalaciones.


Los vecinos y vecinas de Santa Cruz que opten por invertir en este tipo de instalaciones se enfrentan al hecho de que con la concesión de la licencia de apertura se desencadena un proceso automático por el que se aplican las diferentes obligaciones tributarias municipales, una de ellas la tasa por recogida de basuras asociada a la actividad de producción de energía eléctrica. Este impuesto supone una media del 15 % de los ingresos anuales brutos de una instalación fotovoltaica.

Además, esta tasa está asociada, en el caso de instalaciones fotovoltaicas, al epígrafe de Actividades Industriales Extractivas y Mineras, lo que supone gravar con entre un 10 % y un 20 % anual este tipo de proyectos en concepto de basuras. Todos estos gravámenes se suman a las limitaciones impuestas a nivel estatal en materia de energías renovables, lo cual, en su conjunto, desincentiva la inversión y las posibilidades de uso de las renovables a todos los niveles, en contra incluso de los objetivos expuestos en los planes municipales.

El cobro de la tasa de basura ocurre porque tradicionalmente la producción de energía eléctrica ha estado vinculada a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, algo que, según Arcila, “obviamente no es aplicable a las energías renovables, puesto que su impacto sobre la seguridad y salud y el medio ambiente es mínimo o nulo”. En cuanto a su inclusión como actividad industrial, esto obedece a que para hacer la obra correspondiente es necesario darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe citado, algo que produce efectos indeseables y que el Ayuntamiento debe corregir si la voluntad del equipo de gobierno es apostar por un  futuro energético libre de CO2.

Por todo ello, el edil preguntará al concejal de Hacienda, Juan José Martínez, en la Comisión de Control del próximo jueves qué propuestas baraja el grupo de gobierno para evitar que la regulación de las obligaciones tributarias municipales desincentive este sector económico clave para el desarrollo de Santa Cruz, teniendo en cuenta, además, que estos pagos han de ser costeados no solo con anterioridad a la puesta en marcha, sino que se exige para licencias de obra en trámite o denegadas, a lo que hay que sumar recargos y apremios, gastos financieros, administrativos y jurídicos, recursos de alzada, notarios, informes de la Policía Local, etc.