miércoles, 16 de marzo de 2016

Arcila lamenta que se retrase a otoño la reforma de tasas que beneficiaría la instalación de renovables



El concejal de Hacienda reconoce que el sistema tributario municipal desincentiva las energías limpias, pero no ve prioritaria su modificación
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, lamentó hoy que el edil de Hacienda, Juan José Martínez, haya reconocido que el sistema tributario municipal desincentiva la instalación de elementos generadores de energías renovables pero, sin embargo, no considere una prioridad modificarlo, tal y como le ha pedido la organización ecosocialista.


Esta postura queda reflejada en la respuesta dada por Martínez a Arcila en la Comisión de Control de la semana pasada, en la que el portavoz de Sí se puede le preguntaba por las posibilidades que estudia el Ayuntamiento para cambiar el sistema de gravámenes a aquellas personas y colectivos que deseen instalar unidades de producción de energías limpias, tales como placas fotovoltaicas.

En su respuesta, el concejal de Hacienda reconocía que “es evidente que se hace necesario realizar una revisión” de las ordenanzas para no “desincentivar la realización de cualquier actividad económica”, incluida la relacionada con las energías renovables. Sin embargo, después añadía que el inicio del estudio para la revisión del sistema tributario “comenzará después del verano”, un plazo que Sí se puede considera muy mejorable.

Arcila recordó hoy, como hizo en la Comisión de Control, que aquellos que opten por invertir en este tipo de instalaciones se enfrentan al hecho de que con la concesión de la licencia de apertura se desencadena un proceso automático por el que se aplican las diferentes obligaciones tributarias municipales, una de ellas la tasa por recogida de basuras asociada a la actividad de producción de energía eléctrica. Este impuesto supone una media del 15 % de los ingresos anuales brutos de una instalación fotovoltaica.

Además, esta tasa está asociada, en el caso de instalaciones fotovoltaicas, al epígrafe de Actividades Industriales Extractivas y Mineras, lo que supone gravar con entre un 10 % y un 20 % anual este tipo de proyectos en concepto de basuras. Todos estos gravámenes se suman a las limitaciones impuestas a nivel estatal en materia de energías renovables, lo cual, en su conjunto, desincentiva la inversión y las posibilidades de uso de las renovables a todos los niveles, en contra incluso de los objetivos expuestos en los planes municipales.

El cobro de la tasa de basura ocurre porque tradicionalmente la producción de energía eléctrica ha estado vinculada a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, algo que, según Arcila, “obviamente no es aplicable a las energías renovables”, por lo que cree necesaria una apuesta decidida del grupo de gobierno para lograr una modificación urgente de las ordenanzas.