lunes, 25 de enero de 2016

Sacyr pretende cobrar a Emmasa 31 millones por unas obras que en realidad debe pagar la multinacional



Arcila pide anular el convenio para ampliar la desaladora, pues la empresa quiere recibir un dinero que se incluye en sus inversiones a fondo perdido
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reclamará al Pleno ordinario del próximo viernes dejar sin efecto el convenio suscrito el 25 de marzo de 2015 entre el Consistorio y la multinacional Sacyr-Vallehermoso, por el cual esta sociedad se libraría de invertir en obras de mejora 31 de los 45 millones a que está obligada como inversión a fondo perdido según el contrato, una mejora de esta empresa que fue la razón por la que se le adjudicó servicio del ciclo integral del agua en 2006.


Este “nuevo episodio del nefasto culebrón que protagonizan el Ayuntamiento y Sacyr-Vallehermoso” –en palabras de Arcila– supone que, en virtud del citado convenio, la multinacional, que es accionista mayoritaria de la empresa de aguas de Santa Cruz, Emmasa, invertirá 31 millones de euros en obras de ampliación de la desaladora, pero exige a Emmasa la devolución de ese dinero y de los intereses que podría generar, cuando en realidad ese capital debe formar parte del compromiso inicial que ofertó como mejora, consistente en 45 millones de inversiones propias del licitador que no debían ser devueltas.

En la moción que Arcila presenta al Pleno para exigir la anulación del convenio, el edil también le pide al alcalde, José Manuel Bermúdez, que ordene el cumplimiento de lo acordado con Sacyr-Vallehermoso en 2006 o que inicie los trámites para la resolución del contrato administrativo con esta multinacional. Hay que recordar que la adjudicación de la mayoría del accionariado de Emmasa a Sacyr-Vallehermoso se produjo, entre otros factores, porque esta sociedad hizo una oferta de mejora en el plan de inversiones que conllevaba destinar 45 millones de capital propio para obras de mejora en el servicio del agua.

El acuerdo de marzo de 2015, por el cual se justifican de manera fraudulenta unas inversiones a fondo perdido que Sacyr pretende no realizar, “ocasionan un daño al patrimonio de Emmasa, que se verá privada de obtener aquellas cantidades de que iba a disponer a fondo perdido para obras o mejoras de instalaciones vinculadas al ciclo integral del agua, pero, además, para mayor daño económico, se verá obligada a devolver una cantidad en concepto de principal e intereses que compromete seriamente la viabilidad económica-financiera de la empresa mixta”, señala Arcila en su moción.