martes, 19 de enero de 2016

Arcila exige que en el pliego de licitación del Numancia se incluya la subrogación de los actuales trabajadores



Sí se puede aboga por mantener la fisonomía del establecimiento
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha señalado hoy que su organización exigirá al Consistorio que incluya en el pliego de licitación para la nueva adjudicación del kiosco Numancia la subrogación de los trabajadores que prestan sus servicios en este histórico establecimiento del centro de la ciudad. La concesión del Numancia concluye el próximo 20 de febrero tras varias décadas de adjudicación al empresario que en la actualidad gestiona el local.


Asimismo, Arcila considera necesario que se mantenga la actual fisonomía del kiosco por tratarse de una obra histórica –construida en 1930– y por encontrarse dentro del Conjunto Histórico del Barrio de los Hoteles. “El kiosco Numancia forma parte de la historia reciente de Santa Cruz y no sería bueno que le ocurriera lo mismo que ha pasado con el de los Paragüitas, que lo eliminaron, o el de la plaza de Weyler, que ha perdido parte de su identidad tras un lavado de cara que no ha satisfecho a todo el mundo”, advirtió el concejal ecosocialista.

Sí se puede ha solicitado por escrito información al Ayuntamiento para saber si ya se ha iniciado el expediente de licitación. En caso que no sea así o de que no culmine antes del 20 de febrero, la organización plantea que se estudie la prórroga de la explotación por el actual concesionario con el fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, que se enfrentan a una situación de incertidumbre si no logran conservar sus puestos o si el kiosco permanece cerrado algunos meses, con lo cual los empleados perderían estos derechos.

Según Arcila, el Ayuntamiento debe tener como objetivo la protección de un bien patrimonial de indudable valor histórico que se encuentra dentro del Conjunto Histórico del Barrio de los Hoteles, además de la protección de los trabajadores. Por ello, criticó duramente las palabras del concejal de Infraestructuras y Patrimonio, José Alberto Díaz-Estébanez, que afirmó ayer que la última palabra en todo lo relacionado con el futuro del establecimiento la tendrá el nuevo concesionario, incluyendo su aspecto y su posible reforma.

“Un representante público debe velar por los intereses de la ciudadanía y de los bienes patrimoniales del municipio, por lo que nos parece intolerable que Coalición Canaria deje en manos del sector privado aquellos aspectos sobre los que el Ayuntamiento está en disposición de imponer sus propios criterios por medio del pliego de condiciones”, concluyó el portavoz de Sí se puede.