miércoles, 9 de diciembre de 2015

Sí se puede pregunta por las condiciones laborales del personal del servicio de ayuda a domicilio



Algunas trabajadoras consideran que sus empleos se han precarizado

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en la próxima Comisión de Control, que se celebrará el día 17, cómo han variado las condiciones laborales que actualmente tiene en la empresa Eulen el personal del servicio municipal de atención domiciliaria respecto a las que tenía en Mararía. La pregunta, dirigida al concejal de Atención Social, Óscar García, obedece a las quejas de varias trabajadoras, que han manifestado a Sí se puede que con la nueva empresa sus empleos se han precarizado.


Si bien el salario base es proporcionalmente el mismo con la nueva adjudicataria del servicio –la empresa Eulen– que cuando lo prestaba la cooperativa Mararía, dado que viene establecido por convenio, las trabajadoras no tienen ahora un contrato a jornada completa fijo, sino que les pagan según el número de horas trabajadas, lo que les genera inseguridad, señala Frías. Esta precarización puede repercutir en las personas usuarias del servicio, ya que esa inseguridad se transmite consciente o inconscientemente.

Como ejemplo de esta situación, Frías indica que si una trabajadora va a una casa a realizar un servicio contratado y la familia no está, se queda sin cobrar esas horas. Además, en Mararía les pagaban un plus de transporte que ahora no reciben. Si bien recientemente se acordó el abono a las auxiliares de una hora semanal por traslados, en muchos casos esa cantidad no cubre ni por asomo el tiempo que tardan semanalmente en trasladarse a los domicilios donde prestan el servicio ni, muchísimo menos, lo que gastan en gasolina, añade la concejala ecosocialista.

Esta situación podría ser, según Frías, un reflejo de las consecuencias que tiene la privatización de los servicios públicos –como siempre ha denunciado Sí se puede–, con una paulatina precarización de las condiciones laborales y, en general, la pérdida de derechos sociales. En este caso, la gestión ya estaba externalizada, pero la realizaba una empresa de economía social como era la cooperativa Mararía; sin embargo, “en la actualidad está en manos de una multinacional que, como todas las de su clase, tiene como principal objetivo el obtener el máximo beneficio económico, lo que no suele coincidir con el máximo beneficio social”, denuncia la concejala.