viernes, 21 de agosto de 2015

Sí se puede alerta sobre las consecuencias negativas de la entrada de capital privado en la rehabilitación del patrimonio histórico

*Eligio Hernández Bolaños propone reforzar las políticas públicas e implicar a los agentes sociales
*El concejal ecosocialista reclama una convocatoria del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico

Sí se puede alerta sobre las consecuencias negativas de la entrada de capital privado en la rehabilitación del patrimonio histórico en Santa Cruz de Tenerife. La organización ecosocialista muestra su preocupación tras las declaraciones de la concejala del área, Yolanda Moliné, en las que expresó recientemente su voluntad de hacer de comercial para captar inversión privada a través de la figura del patrocinio.

El concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña Eligio Hernández Bolaños propone consensuar una estrategia en materia de patrimonio y reclama a Moliné que convoque el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico para hacer partícipes a todos los agentes sociales interesados de los proyectos del grupo de gobierno municipal, para su discusión y resolución de manera consensuada.

Además, el concejal ecosocialista destaca que para su organización “no es posible desligar el patrimonio histórico de la planificación urbanística”, por lo que exige que ambas áreas del gobierno municipal actúen de manera conjunta y coordinada.

Hernández Bolaños considera que el planteamiento de Moliné “muestra una deriva neoliberal aplicada a la rehabilitación del patrimonio histórico”. Esta tendencia ya ha facilitado en otras ciudades “procesos urbanísticos perversos consecuencia de la desregulación dirigida a facilitar la entrada de capital privado, mediante el patrocinio u otras vías”, asegura el edil de Sí se puede.

Entre esos procesos perversos, Hernández Bolaños destaca la tematización, es decir, “la conversión de los conjuntos históricos en un territorio especializado y orientado a la economía de los servicios o al consumo”. Igualmente, el concejal alerta sobre el riesgo de “transformación del espacio público urbano en una suerte de centro comercial en el que las grandes marcas ocupan y delimitan el territorio”, un fenómeno llamado “brandificación” que se ha generalizado en las ciudades en las que la rehabilitación del patrimonio se ha entregado al capital privado.

La consecuencia de estos fenómenos es “la degeneración urbana, no su regeneración”, ya que los centros urbanos que cuentan con identidad y personalidad, al someterse a estos procedimientos, “acaban cosificados, convertidos en lugares de paso completamente desvirtuados”, advierte el edil.

A juicio de Sí se puede, la entrada de inversores privados puede actuar como elemento desencadenante en procesos de transformación urbana en los que la conservación del patrimonio histórico se reduce al simple mantenimiento del soporte físico, es decir, a la conservación de los bienes inmuebles, que quedan desvinculados de lo inmaterial, del acervo cultural y las reminiscencias populares, como si el origen de los elementos estuviera separado de la realidad social.

Esta dinámica incrementa los precios del suelo y desplaza a la población original por otra con un mayor poder adquisitivo”, en un proceso de “elitización” que hace de la transformación urbana una mutación social, “como ha sucedido en los antiguos barrios de El Cabo y Los Llanos”, afirma Hernández Bolaños.

Propuestas concretas
Para el caso de El Toscal, Sí se puede propone que se cumpla el acuerdo plenario sobre rehabilitación de viviendas en el barrio, en la línea de priorizar la inversión de fondos municipales en rehabilitación e iniciar esta inversión en el primer plazo del primer cuatrienio del Plan Especial.

Además, Sí se puede considera necesario incluir en los Planes Especiales de Protección una ficha financiera que prevea ayudas y subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria y crear oficinas de gestión de conjuntos históricos con participación ciudadana.


Finalmente, el concejal insta al grupo de gobierno municipal a coordinarse con el Cabildo para emprender proyectos de rehabilitación y a movilizar al Gobierno de Canarias para estudiar una modificación legal que facilite y amplíe la actuación subsidiaria de los ayuntamientos en caso de incumplimientos en el deber de conservación.