viernes, 14 de agosto de 2015

Pedro Fernández Arcila considera que en la polémica sobre la gestión de aguas residuales están interviniendo “muchos incompetentes y oportunistas”

*Sí se puede se personará en la causa judicial para defender los intereses municipales por los fallos de gestión por parte de Emmasa
*La organización ecosocialista recuerda a Coalición Canaria y PSOE que sus responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz y Cabildo de Tenerife los señala como responsables
El portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, considera que están interviniendo “muchos incoherentes y oportunistas” en la polémica generada en torno a los errores y presuntos delitos medioambientales cometidos en la gestión de aguas residuales en Santa Cruz de Tenerife.
La organización ecosocialista prevé personarse en las diligencias previas incoadas en el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, para defender  los intereses municipales en este caso, como anunció a finales del pasado mes de julio.
El concejal de Sí se puede recuerda a Coalición Canaria y al PSOE que “sus responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento y en el Cabildo de Tenerife no les permiten escandalizarse ni alzar ahora voces críticas”, mientras que también advierte al Partido Popular que su participación en el grupo de gobierno municipal actual y su papel en el gobierno central lo desafían a actuar con coherencia y competencia en este caso.
Arcila apunta entre otras declaraciones a las recientes de José Ángel Martín, concejal socialista en la corporación santacrucera, al que recuerda que “durante los años en los que fue miembro del Consejo de Administración de Emmasa no alzó la voz” sobre el proceso de gestión de aguas residuales por parte de la empresa encargada del servicio público de aguas en Santa Cruz y gestionada por la multinacional Sacyr Vallehermoso desde su privatización.
El PSOE formó parte del citado consejo de administración durante los cuatro años de mandato y, en concreto, Martín, a partir de octubre de 2012, desde que asumió la responsabilidad de primer teniente de alcalde hasta el fin del mandato.
Arcila destaca también que Coalición Canaria, tras treinta años al frente del gobierno municipal de Santa Cruz, es la principal responsable política de los profundos fallos medioambientales y abusos de la ley aplicados en la gestión de aguas residuales en la capital tinerfeña, que es de tal gravedad que se encuentra en fase judicial tras la denuncia presentada por Sí se puede ante la Fiscalía en febrero de 2012.
El papel del Cabildo
“No es de recibo alzar voces críticas ahora que no se está en cargos de responsabilidad”, replica el concejal de Sí se puede a José Ángel Martín. Respecto a la propuesta del concejal socialista para que el Cabildo de Tenerife se haga cargo de la gestión de las aguas residuales de Santa Cruz, Arcila apunta que “el Cabildo es el gran incumplidor en la depuración de aguas residuales en Tenerife”, a pesar de su responsabilidad en garantizar la salud medioambiental de la Isla.
Esta observación va dirigida además al vicepresidente primero de la corporación insular, el socialista Aurelio Abreu, que recientemente ha intervenido también en la polémica con la misma idea de que el Cabildo se encargue de depurar las aguas residuales generadas en la capital tinerfeña. Al respecto, Arcila recuerda que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) acaba de cumplir veinte años “sin construir una sola estación depuradora en la Isla”, lo que ha evidenciado “la incapacidad de este organismo para gestionar adecuadamente el reto de la depuración de aguas”.
El Cabildo es, por tanto, a juicio del concejal de Sí se puede, responsable del daño a los ecosistemas marinos, por la incapacidad del CIAT para efectuar un mínimo control que permita alcanzar los estándares ambientales que garanticen la protección de nuestro principal recurso, además del daño que se hace a los acuíferos por los vertidos directos al subsuelo. La incapacidad y la indecisión del CIAT a la hora de cumplir y hacer cumplir las normas autonómica, estatal y europea sobre gestión de aguas residuales provoca, entre otros problemas, riesgo sanitario en zonas de baño, perjuicios a la economía turística, costes al erario público por multas de la UE y pérdida de valor económico por la no reutilización de aguas depuradas.
“Solo cuando el Cabildo pueda garantizar que el ciclo de las aguas residuales se cumple de acuerdo a las normas y al procedimiento que requiere una depuración correcta se podrá ofrecer la corporación insular como garantía de solución en este ámbito de gestión”, asegura Arcila.
El concejal explica también al edil socialista lagunero Javier Abreu que los 10.000 metros cúbicos que se trasladan de La Laguna a la estación depuradora ubicada en el barrio santacrucero de Buenos Aires se tratan cada día y que, si está verdaderamente preocupado por las distintas manifestaciones de este problema en su municipio, que exija un correcto funcionamiento de la depuradora de Valle de Guerra, de la que el Gobierno de Canarias reconoce al menos desde 2007 que los vertidos de sustancias tóxicas al mar son superiores a los establecidos por la ley.
Otro motivo de preocupación para Abreu tendría que ser el que Emmasa cobrara más de un millón de euros por un servicio de depuración de aguas ampliamente cuestionado.
Capacidad de la depuradora
Sí se puede recuerda que el pasado mes de julio informó sobre la existencia de distintos informes técnicos, de la propia corporación y de Emmasa, en los que se reconoce que la estación depuradora de Buenos Aires tiene capacidad para asumir el ciclo de las aguas residuales que se producen en la zona baja de Santa Cruz –alrededor de los 2/3 de las generadas en el municipio–, lo que cuestiona su vertido directo al mar en la zona de La Hondura desde la estación de tratamiento y bombeo situada en Cabo Llanos, que no cumple su función de bombear las aguas residuales hasta la depuradora de Buenos Aires.
Estos reveladores datos señalan graves irregularidades que supondrán multas cuantiosas para distintas administraciones implicadas y el agravamiento de la situación procesal de responsables políticos municipales que en estos momentos ya están imputados por este caso, ya sea los que continúan en activo en el grupo de gobierno municipal actual como los que han sido responsables de este servicio en otros mandatos.