miércoles, 24 de junio de 2015

Sí se puede reclamará información sobre la situación de las empresas concesionarias de servicios municipales que no pagan tributos


* Pedro Fernández Arcila solicitará una reunión con el nuevo  concejal de Hacienda Juan José Martínez
* Los impagos ascienden en la actualidad  a 900.000 euros
Sí se puede prevé mantener una reunión urgente con Juan José Martínez, nuevo concejal de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, para conocer las actuaciones del grupo de gobierno con relación al impago de impuestos y tasas gestionados desde el ámbito local, tales como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otros tributos, por parte de empresas concesionarias de servicios municipales.

El objetivo de esta reunión es “conocer con detalle cuáles son estas empresas y qué decisiones va a adoptar el nuevo equipo de gobierno sobre tributación”, informa el concejal de Sí se puede en la capital tinerfeña Pedro Fernández Arcila. Según la información a la que ha accedido el grupo municipal ecosocialista, estos incumplimientos se acercan a los 900.000 euros, correspondientes al periodo de 2009  a 2012. Se trata de una cantidad que puede incrementar sustancialmente si te tiene en cuenta que se está pendiente del año 2013, 2014 y 2015.

Arcila se propone conocer además “las posibles resoluciones del Ayuntamiento sobre los contratos de concesión de servicios suscritos por aquellas empresas que hayan incumplido el pago de las tasas de IBI, IAE y, en menor medida, de basura”. El concejal ecosocialista recuerda que este tipo de actuación sería razón suficiente para rescindir los contratos correspondientes, pues el impago de estos tributos es causa para ello, al tratarse del incumplimiento de una obligación esencial.

La iniciativa de reunirse con el concejal de Hacienda da continuidad a otras acciones de Sí se puede adoptadas en el mandato anterior con la intención aclarar si efectivamente concesionarias de servicios municipales están eludiendo el pago de tasas y, en caso afirmativo, la cantidad adeudada y la decisión del Ayuntamiento respecto a la más que previsible resolución del contrato.

Con esta intención, Arcila, presentó ante el pleno municipal en marzo pasado una pregunta en la que pidió información sobre cuántas de estas concesionarias han sido fiscalizadas como consecuencia de la aplicación del plan de control tributario o de actuaciones normales de inspección. Asimismo, el concejal preguntó al grupo de gobierno municipal si estaría dispuesto a continuar con los contratos de concesión administrativa con las empresas que hayan pretendido defraudar al erario municipal.


La respuesta obtenida en el pleno fue una lacónica descripción del ámbito territorial y la frecuencia temporal en la que el Ayuntamiento ejecuta sus mecanismos de inspección tributaria según el Plan de Control Tributario Municipal aprobado en 2014.