viernes, 17 de abril de 2015

Arcila pide al alcalde que cumpla su compromiso de estudiar la viabilidad de cobrar tasa a Metropolitano



* Ha pasado un mes y medio desde que los técnicos debían haberse pronunciado sobre si procedía consultarle al Tribunal Económico
* Sí se puede cree que hay fundamentos jurídicos para exigir esta tasa
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha presentado hoy un escrito al alcalde, José Manuel Bermúdez, en el que le pide que cumpla su compromiso de estudiar la viabilidad de cobrarle a la empresa Metropolitano de Tenerife la tasa por uso privativo de dominio público, un compromiso adquirido en el Pleno de enero tras ser aprobada por unanimidad una moción en tal sentido presentada por Sí se puede.

Concretamente, el grupo de gobierno consensuó con Sí se puede la fórmula de crear un grupo de trabajo de técnicos municipales que durante el mes de febrero debían estudiar si existían dudas razonables que hicieran necesario consultar sobre este asunto al Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM). Este grupo tenía como fecha límite para emitir su dictamen el 1 de marzo, pero aún no se ha pronunciado, por lo que el propio Arcila, ante la pasividad del Gobierno local, se dirigió al citado tribunal el día 4 de marzo.

Al margen de esta medida adoptada por Sí se puede, ha pasado más de un mes y medio desde que el grupo técnico debió haberse pronunciado y el alcalde ni tan siquiera le ha urgido a que dé cumplimiento al acuerdo plenario, lo que hace pensar al portavoz ecosocialista que Coalición Canaria no tiene la intención de cobrar una tasa que es legítima, en lo que sería una muestra más de su actitud de sumisión frente al Cabildo Insular de Tenerife. En su escrito de hoy, el edil le pide a Bermúdez que dé las instrucciones para que los técnicos cumplan el acuerdo del Pleno.




Arcila considera que el TEAM emitirá un informe favorable al cobro de la tasa, pese a que el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, ha pretendido en varias ocasiones convencer a la ciudadanía y a los grupos políticos de que esta acción es inviable. Por el contrario, Arcila recuerda que ya el Ayuntamiento emitió en 2010 un informe que consideraba oportuno y procedente este gravamen, por el que el Consistorio se pudo haber embolsado 7,2 millones hasta el año 2010. El cobro de este dinero ya ha prescrito, pero aún puede exigir el pago de más de cinco millones correspondientes a los últimos cuatro años.


El concejal cree además que los argumentos jurídicos de Bernabé suponen una infracción del artículo 14 de la Ley General Tributaria, una vulneración de la reserva de ley en materia tributaria y un claro incumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al establecer un beneficio fiscal atípico y dispar, en función de posibles intereses espurios o completamente ajenos a los principios que inspiran la ordenación y aplicación del sistema tributario, que garantiza que el sostenimiento del gasto público se realice en pie de igualdad.