viernes, 13 de febrero de 2015

El Ayuntamiento tiene un mes para defender ante el Estado la servidumbre de veinte metros en Anaga



Arcila dice que la única solución es la modificación de la Ley de Costas propuesta por Sí se puede y aprobada en el Pleno por unanimidad
Vista aérea de Tachero.
La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene hasta el próximo 19 de marzo para entregar a la Demarcación de Costas la documentación que le ha solicitado para poder acreditar los requisitos previstos en la nueva Ley de Costas que permitirían la reducción de cien a veinte metros de la servidumbre de protección del dominio marítimo terrestre en los pueblos de Igueste de San Andrés, Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas, todos ellos en el litoral de Anaga.

Esta es una de las repuestas que le dio ayer por escrito el delegado de Urbanismo, José Ángel Martín, en la Comisión de Control del Ayuntamiento al concejal de Sí se puede Pedro Fernández Arcila, quien le había preguntado por la situación actual de este contencioso, dado que Martín se había comprometido en julio de 2013 a gestionar ante el Gobierno del Estado la concesión de la reducción de la servidumbre en estos pueblos, cuyo desarrollo urbanístico se ve bloqueado por su consideración como asentamientos rurales.

Al respecto, Arcila dijo hoy que el grupo de gobierno debe cumplir su compromiso de solicitar la modificación de una de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas, tal y como acordó el Pleno en noviembre de 2012 al aprobar por unanimidad una moción de Sí se puede en tal sentido. Tras este acuerdo, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, se reunió con todos los diputados y senadores de Tenerife –incluidos los del PP, partido que redactó la nueva Ley de Costas–, y estos se comprometieron a solicitar la inclusión de la modificación antes de que la norma fuera sancionada en las Cortes. Sin embargo, esta fue aprobada en mayo de 2013 sin que se efectuase el cambio.

Ahora, y ante el temor de que determinadas sentencias judiciales puedan dar al traste con la intención de los vecinos de estos pueblos de que sea reconocida su condición de asentamientos urbanos desde antes de 1988 –la Ley de Costas exige demostrar la existencia de cuatro servicios urbanísticos: acceso rodado, abastecimiento de agua, alumbrado y alcantarillado–, Arcila ha insistido en que la única solución para atender las demandas de estas localidades es lograr la citada modificación, que consiste en reducir a veinte metros la servidumbre para los asentamientos rurales.