miércoles, 4 de febrero de 2015

Arcila pregunta si Urbanismo ha hecho algo para lograr la servidumbre de veinte metros en Anaga



La situación sigue igual desde el anuncio de José Ángel Martín, en julio de 2013, de que impulsaría ante el Estado esta reducción
Igueste de San Andrés (foto: Robert Wirrmann).
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en la Comisión de Control de este mes al responsable de Urbanismo, José Ángel Martín, qué actuaciones ha realizado la Gerencia que dirige y cuál ha sido la respuesta dada por la Administración General del Estado en relación con la consecución de una reducción a 20 metros de la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre en los pueblos costeros de Anaga.

Arcila, cuya organización lleva años reclamando esta reducción, consustancial a la naturaleza de los asentamientos rurales de Igueste de San Andrés, Tachero, Roque de las Bodegas y Almáciga, recuerda en su pregunta que Martín se comprometió por escrito el 3 de julio de 2013 a impulsar directamente ante la Administración General del Estado la reducción a 20 metros de la servidumbre, dado que, como pretenden los vecinos que se reconozca, estos núcleos son realmente urbanos.

A este respecto, Sí se puede ya mostró su preocupación, en octubre del año 2013, por la manera en que el grupo de gobierno había cursado esta petición ante la Administración del Estado, pues en el expediente elaborado no se había aportado información suficiente que demostrara la existencia de núcleos urbanos anteriores a 1988 en la zona costera de Anaga, una documentación crucial para que la Ley de Costas, aprobada en mayo de ese mismo año, pueda conceder la servidumbre.

Una demanda de Sí se puede
Sí se puede ya había presentado en el Pleno de noviembre de 2012 una moción para la defensa de estos pueblos. Tras su aprobación, el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, se reunió en diciembre con diputados y senadores de Tenerife y mostró su intención de resolver este asunto antes de la aprobación de la Ley de Costas, aunque finalmente, y tras ser sancionada por las Cortes en mayo de 2013, los asentamientos de Anaga siguieron fuera de ordenación. Desde entonces y hasta ahora el Ayuntamiento no ha informado a la ciudadanía sobre los pasos que pudiera haber dado para resolver de manera definitiva este contencioso.

La intención de Sí se puede, en consonancia con el sentir de los habitantes de estos pueblos, es equiparar estas áreas a los suelos urbanos existentes antes de 1988, de tal manera que no se les aplique la servidumbre de protección de 100 metros establecida por la ley, medida que deja más de 200 viviendas fuera de ordenación. La situación se agrava por la imposibilidad, en varios de estos pueblos, de contemplar suelo residencial para atender el crecimiento de las poblaciones, debido fundamental­mente a la limitación de uso residencial que impone esta servidumbre.