jueves, 29 de enero de 2015

Sí se puede pedirá al Pleno que el Ayuntamiento suspenda el pago del canon en bibliotecas públicas



* Frías dice que es contrario a los principios de gratuidad y libre acceso
* Una directiva comunitaria contempla una exención para estos centros
Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presentarán al Pleno de mañana una moción en la que proponen que el Consistorio suspenda cualquier pago de canon en las bibliotecas públicas municipales hasta que se clarifique la situación creada tras la imposición por parte del Gobierno del Estado de este gravamen, que, según la organización, es contrario a los principios básicos que rigen el funcionamiento de las bibliotecas públicas en cuanto a gratuidad y libre acceso a la información y la lectura.

La propuesta ha sido elaborada y se presenta en nombre de PROBIT (Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife) y ABIGRANCA (Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria). Antes de su debate tomará la palabra, en el turno de participación ciudadana, María Isabel Bacallado en representación del primero de estos colectivos.

En la moción también se pide que el Ayuntamiento muestre su rechazo a este canon, establecido en el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, que inste al Gobierno del Estado a su supresión y que declare las bibliotecas públicas municipales exentas del pago por préstamo atendiendo la posibilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

La obligación de pagar por los servicios que prestan las bibliotecas públicas supondrá una carga económica que pondrá en peligro su supervivencia como servicios de lectura pública. Además, el decreto no tiene en cuenta que las bibliotecas ya pagan derechos de autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra; por consiguiente, este canon significará pagar dos veces por el mismo concepto.

Los colectivos de bibliotecarios señalan que “llama la atención que cuanto mejor funcione una biblioteca, más activa sea, más préstamos y uso tenga, mayor será el castigo que reciba porque más tendrá que pagar, ya que este canon las penaliza”. En la moción se afirma que las bibliotecas públicas no constituyen una competencia o una amenaza, sino un elemento de promoción de las obras a través de diversas actividades, tal como queda recogido en el informe “Primera oleada sobre el panorama del libro en España”, de noviembre de 2013, donde se reconoce que son uno de los pilares fundamentales para el sector del libro en el Estado.

Metropolitano y preguntas
En el Pleno de mañana también se debatirá una moción de Arcila en la que solicita que el Tribunal Económico Administrativo Municipal determine si se le debe cobrar a la empresa Metropolitano de Tenerife la tasa por uso privativo del dominio público, tal y como sostiene su organización política y como el propio Ayuntamiento concluyó en un informe elaborado en 2010. Esta petición es consecuencia del silencio del concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, al que Arcila reclamó lo mismo por escrito el pasado 21 de noviembre.

Por otra parte, Arcila preguntará si durante la ejecución de las obras de la vía del barranco de Santos se produjeron modificaciones en los contratos suscritos por el Ayuntamiento y las empresas adjudicatarias que representasen un incremento del presupuesto previsto en la licitación. En caso de que se hubiera incrementado el presupuesto, el edil quiere saber en qué porcentaje se produjo este aumento sobre el fijado y cuál fue el contenido literal de los informes evacuados por la Intervención General en relación con estos incrementos.

Por último, Frías pedirá un balance sobre el grado de cumplimiento del Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2014-2018, aprobado hace un año y que es una herramienta fundamental para el desarrollo de todas las políticas sociales en el ámbito de la capital tinerfeña. La concejala cree necesario hacer un balance de los resultados de este instrumento pese a que su formación se abstuvo durante su votación porque la metodología de elaboración no partió de un análisis de las necesidades reales del municipio y por tener un enfoque restringido de lo que deben ser los servicios sociales.