lunes, 26 de mayo de 2014

Asunción Frías denuncia que el plazo para obtener la PCI puede ser superior a un año en Santa Cruz



Exige que se mejore el apoyo a la integración social vinculada a la ayuda

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció hoy que el plazo para obtener la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en el municipio puede ser superior a un año debido a la falta de recursos, tanto del Consistorio como del Gobierno de Canarias. Frente a esto, es imprescindible que el Ayuntamiento contrate más personal y que lo haga de manera estable, como ocurre en la mayoría de las corporaciones de Tenerife, entre las que Santa Cruz es una excepción.

Según Frías, hay personas que acudieron por primera vez a pedir la PCI en enero y todavía no ha sido recogida su solicitud por parte de la correspondiente Unidad de Trabajo Social (UTS). “Si a ello sumamos que, una vez enviadas las solicitudes a la Dirección General de Bienestar Social, este departamento del Gobierno canario tarda entre cinco y ocho meses en resolver, habrá personas que solicitaron la PCI en enero de 2014 y no la habrán comenzado a cobrar en enero de 2015, a no ser que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno inviertan muchos más recursos”, indicó la concejala.

La portavoz ecosocialista dijo que “lamentablemente, la realidad nos ha dado la razón en cuanto a nuestra afirmación de que era imposible tener al día las solicitudes de PCI a finales de abril, como afirmó la concejala de Atención Social, Alicia Álvarez, el pasado 12 de marzo”. En aquel entonces, Sí se puede denunció que la lista de espera superaba las 500 personas y Álvarez lo negó, además de asegurar que en el plazo indicado estarían al día.

Para argumentar su afirmación, Frías indicó que a fecha de 20 de mayo, la lista de espera alcanza las 494 personas, según reconoció la propia Alicia Álvarez en su respuesta por escrito a una pregunta en tal sentido planteada por Sí se puede en la última Comisión de Control.

Los datos presentados en esa respuesta arrojan además una preocupante desigualdad entre las listas de las diferentes UTS: mientras en la del distrito Centro son 12, en Ofra llegan a 162. En Añaza son 113; en Los Gladiolos, 85; en La Salud, 84; en Barranco Grande, 23; y en San Andrés, 15. Ante esta situación, Sí se puede cree que debe haber el triple de profesionales en Ofra y Añaza, frente a otras UTS en las que la gestión es más llevadera. En cualquier caso, como ya solicitó la concejala en marzo, debe haber al menos dos trabajadoras sociales por UTS.

Insuficiente apoyo
Por otra parte, Frías denunció que, según el testimonio de trabajadores y de beneficiarios de la PCI, está habiendo insuficiente apoyo a la integración social de los perceptores de la ayuda porque no se cuenta con el personal necesario para invertir el tiempo y el esfuerzo que se requiere para mejorar el seguimiento de los programas individualizados de inserción.

Además, algunos profesionales han asegurado a Sí se puede que las directrices desde el Ayuntamiento son poner el acento en la cantidad y no en la calidad al acompañamiento y seguimiento a la integración social vinculada a la ayuda económica, con lo que se está contraviniendo lo establecido en la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la PCI.