martes, 6 de mayo de 2014

Arcila pide parar la Ley de Telecomunicaciones, que impide a los ayuntamientos actuar sobre las antenas de telefonía



Sí se puede llevará al Pleno una moción de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética remitida por Planmocan
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, defenderá en el Pleno ordinario de abril, que se celebrará el próximo viernes, una moción para pedir la paralización de la Ley General de Telecomu­nicaciones, que retira a los ayuntamientos toda competencia en materia de control sobre las antenas de telefonía móvil.

La moción, elaborada por la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem) y remitida a la organización ecosocialista por la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil de Canarias (Planmocan), se fundamenta en una amplia documentación legislativa y científica sobre el riesgo de las antenas de telefonía móvil para la salud de las personas y sobre el conocido “principio de precaución”, recogido en la Ley General de Salud Pública, que establece la necesidad de proteger a la población ante la posibilidad de un riesgo para la salud.

La Ley de Telecomunicaciones, que actualmente se debate en el Senado, elimina la competencia municipal para conceder licencias, con lo que arrebata a los ayuntamientos la posibilidad de aplicar el citado principio de precaución, una competencia reconocida expresamente por el Tribunal Supremo a la Administración local en el caso concreto de la exposición a campos electromagnéticos como los de las antenas de telefonía móvil.

Con la ley que se tramita, se deja el despliegue de redes públicas de comunica­ciones electrónicas en manos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que no aplica ni deja aplicar el principio de precaución, deja en manos privadas e intereses comerciales las consideraciones relativas a la expropiación forzosa y a las infracciones graves y no atiende a las recomendaciones precaucionistas del Consejo de Europa.

Arcila recuerda en esta moción que la autonomía municipal es una garantía institucional reconocida en la Constitución española de 1978 y que ahora queda cuestionada con la citada ley, por lo que solicita al Pleno que se pronuncie contra esta norma por atentar contra dicha autonomía y contra la autonómica, así como que eleve al Gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas cuente con la participación de estas.

Además, propone que se comunique al Gobierno del Estado la necesidad de que cualquier reforma de la Ley de Telecomunicaciones tenga en cuenta la salud y la vida por encima de los beneficios económicos y no atienda solo a los intereses de la industria. También pide que se inste al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores afectados por la citada ley, desde los gobiernos autonómicos y locales hasta, especialmente, la sociedad civil.