miércoles, 23 de abril de 2014

Sí se puede pedirá al Pleno que reclame al Gobierno detener la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico



* Arcila y Frías advierten de que la nueva redacción permite demoler inmuebles catalogados y prohíbe a los ciudadanos iniciar procedimientos
* El Ejecutivo redujo a 10 días, en pleno Carnaval, el plazo de alegaciones
Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presentarán al próximo Pleno ordinario una propuesta de moción institucional para que el Consistorio solicite al Gobierno de Canarias la paralización del anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, de 1999.

Los ediles advierten de que el texto que se propone supone de hecho poner fin a los actuales niveles de protección que quedaron plasmados hace quince años en la citada ley, ya que el proyecto de modificación no solo elimina la posibilidad de suspender licencias otorgadas y por otorgar tras la incoación de un Bien de Interés Cultural (BIC), sino que suprime la clara y específica prohibición de demoler los inmuebles catalogados, dos ideas que Sí se puede considera gravísimas.

La primera supone una preocupante reducción de los valores garantistas y proteccionistas de la actual legislación, y en cuanto a la segunda, Arcila y Frías recuerdan que el derribo de un bien de estas características implica su desaparición y la de todos los valores históricos, culturales, artísticos que representaba, por lo que carece de sentido eliminar el alto nivel de restricción que la ley actual contempla para actuaciones de este tipo, que son irreversibles.

Alegaciones en plenos Carnavales
Por otra parte, Sí se puede considera un despropósito que la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, responsable de esta reforma, haya optado por la vía de urgencia para retocar una norma fundamental para las Islas. Ese carácter de urgencia redujo a diez los días que los ciudadanos tenían para presentar alegaciones, y esos días coincidieron con los pasados Carnavales. Por ello, en la moción también se pide que el Pleno reclame a la Consejería la ampliación del plazo de información pública para facilitar, como contempla la normativa canaria, la participación ciudadana.

Otro aspecto de la reforma que la organización ecosocialista considera gravísimo es que se pretende eliminar la posibilidad de la ciudadanía de iniciar los procedimientos que permitirían proteger aquellos bienes que deberían conseguir el mayor nivel de protección. Si este cambio saliera adelante, Canarias sería la única comunidad autónoma que no contemplase la iniciativa ciudadana en esa modalidad de protección del patrimonio histórico. “Tan importante es escuchar la voz de la ciudadanía a propósito de las prospecciones petrolíferas como en la protección de nuestro patrimonio histórico”, recuerdan los concejales en su propuesta.

Por último, Arcila y Frías advierten de que el Gobierno canario perdería su competencia de declarar la mayoría de los BIC, una facultad que pasaría a los cabildos, lo que podría provocar que no exista uniformidad en los criterios para esta declaración en los diferentes territorios que conforman el Archipiélago.