lunes, 2 de diciembre de 2013

Sí se puede cree sospechoso el silencio del grupo de gobierno en el caso del pelotazo de cementerios



Arcila quiere que Arteaga explique en la Comisión de Control por qué no ha comenzado la auditoría a la que se comprometió hace seis meses
Foto: Mataparda.
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dijo hoy que la manera en la que el grupo de gobierno está afrontando el asunto del fraude en el servicio municipal de cementerios resulta sospechoso. Por ello, esta misma mañana ha pedido la comparecencia del delegado de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, en la Comisión de Control de este mes para que explique por qué no se han dado los pasos a los que se comprometió en su día la mayoría gobernante en relación con este asunto.

Concretamente, el grupo de gobierno anunció en el Pleno de junio, tras rechazar una moción de Sí se puede en la que se proponía una serie de medidas contundentes para poner fin al fraude, que encargaría una auditoría sobre este servicio, pero, pasados casi seis meses, ni tan siquiera ha procedido a la adjudicación para su realización, en lo que el concejal ecosocialista considera “una pasividad anormal y sospechosa” tras un acuerdo plenario de tal trascendencia.

El caso de los cementerios, destapado por Sí se puede a principios de este año, ha supuesto pérdidas millonarias para las arcas municipales y constituye, en palabras de Arcila, “un pelotazo de manual”, por lo que ya en enero su organización pidió la comparecencia de Arteaga en la Comisión de Control para que explicara las gravísimas irregularidades en la concesión de este servicio a una empresa privada detectadas en un informe municipal de 2005.

En aquella ocasión, y para sorpresa de Sí se puede, Arteaga dijo desconocer dicho documento, por lo que Arcila le concedió un plazo de varios meses para que tomara alguna medida. Ante la pasividad del Gobierno local, el concejal presentó en el Pleno de junio una moción en la que proponía un paquete de medidas para acabar con el fraude en este servicio, entre las que destacaban recuperar el derecho real de superficie cedido irregularmente a la empresa Cetensa y anular la cesión realizada por esta entidad a Inversiones Funerarias Reunidos SRL.

También se pedía remitir a la Fiscalía las actuaciones fraudulentas que había realizado la concesionaria por si fueran constitutivas de delito, tal y como se deducía del informe de los servicios técnicos municipales. Sin embargo, en el debate de la moción, el grupo de gobierno impuso su mayoría y solo accedió a llevar a cabo la citada auditoría sobre el servicio, pero rechazó el resto de las propuestas de Arcila.