miércoles, 11 de diciembre de 2013

Arcila exige acabar con la extorsión de Emmasa a pequeños empresarios y autónomos por vertidos a la red



* El edil pedirá explicaciones en el Pleno sobre esta grave irregularidad
* El cobro de esta tasa lo realiza de manera ilegal la propia empresa
Arcila, durante una camapaña informativa a las puertas de Emmasa.
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha exigido hoy al delegado de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que ponga fin de inmediato a la extorsión que la sociedad municipal de aguas, Emmasa, ejerce sobre pequeños empresarios, autónomos y profesionales que no han tramitado las autorizaciones de vertido a la red de alcantarillado, a los que impone de manera automática un recargo aunque lo vertido sea insignificante.

Esta irregularidad se agrava por el hecho de que es la propia Emmasa la que recauda la citada tasa, cuando, conforme al criterio expresado por el interventor general, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo, esta práctica queda taxativamente prohibida por la Ley de Bases de Régimen Local, que determina que esta función solo puede realizarla un funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, Arcila preguntará en la próxima sesión plenaria, que se celebrará el día 23, qué medidas piensa adoptar el grupo de gobierno ante estas manifiestas irregularidades. La pregunta va dirigida específicamente a Arteaga, a quien Sí se puede ha pedido en varias ocasiones que se pronuncie, aunque sin éxito.

“Esta extorsión a los autónomos, profesionales y pequeños empresarios, iniciada con la modificación de la ordenanza de alcantarillado a principios de este año, debe ser revisada de inmediato –señala el concejal ecosocialista– para evitar de esta manera gravar injustificadamente, y por el mero hecho de contentar la apetencia recaudatoria de Emmasa, a sectores económicos que en estos momentos lo están pasando muy mal”.

Además, Emmasa ha incoado desde el año 2010 expedientes a treinta empresas y entidades públicas por un presunto incumplimiento de la Ordenanza del uso y vertidos a la red de alcantarillado, lo que ha supuesto el recargo, en ocasiones, de un 300% de la tasa de alcantarillado, recuerda Arcila. Estos expedientes se han tramitado sin que hayan sido resueltos por el alcalde y sin un procedimiento contradictorio, tal y como establecen las sucesivas ordenanzas reguladoras.

A pesar de que Sí se puede ha denunciado estas circunstancias en los medios de comunicación y ha solicitado a Arteaga la convocatoria de la Comisión del Agua, el grupo de gobierno no ha llevado a cabo ninguna actuación y ha permitido que se continúe con una ilegalidad que ha supuesto para Emmasa unos ingresos cercanos al medio millón de euros.