lunes, 11 de noviembre de 2013

Tras más de dos años de reclamaciones de Sí se puede, Hacienda declaró hoy nula la recaudación privada



Frías felicita a la Tesorería por su trabajo para recuperar la legalidad
Tras más de dos años de reclamaciones por parte de los concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Comisión de Hacienda del consistorio acordó hoy declarar nulo el acuerdo plenario de enero de 1992 por el que se contrató el servicio de recaudación voluntaria a una empresa privada.

Con este acuerdo se da respuesta a la primera reivindicación planteada al Pleno por Sí se puede en este mandato, en julio de 2011, por lo que la concejala Asunción Frías manifestó esta mañana, en el transcurso de la Comisión, su total apoyo a la resolución aprobada hoy, que se produce tras un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, y felicitó al Área de Hacienda, y especialmente a la Tesorería, por el trabajo desarrollado para recuperar la legalidad.

Con esta resolución se da el penúltimo paso –el último será este jueves en un Pleno extraordinario– para poner fin a una ilegalidad que se prolongaba desde hace veinte años y que ha sido calificada en varias ocasiones como tal por el interventor de la corporación.

La primera iniciativa de Sí se puede sobre este asunto se produjo en el Pleno de julio del año 2011, cuando el concejal Pedro Fernández Arcila preguntó por esta irregularidad al delegado de Hacienda, Alberto Bernabé. La pregunta fue reiterada en la Comisión de Control de noviembre de ese año y en la de abril de 2012, pero en ninguno de los casos se obtuvo una respuesta clara por parte del grupo de gobierno.

La recaudación volvió a ser tratada en el pleno del 12 de noviembre de 2012, cuando Sí se puede explicó los motivos de su voto contrario a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar al recaudador privado. En esa ocasión, Bernabé comunicó que en la Junta de Gobierno de ese mismo día se había iniciado el expediente para municipalizar el servicio, un proceso que dio su primer paso con evidente retraso, cuatro meses después.

La gestión del cobro de impuestos municipales en periodo voluntario fue subcon­tratada a una empresa privada hace veinte años de manera temporal. Sin embargo, esa temporalidad perdió su naturaleza desde el momento en que se ha prolongado en el tiempo, por lo que el propio interventor municipal ha emitido varios informes en los que ha advertido de la irregularidad. La ley contempla que esta labor debe ser desarrollada por funcionarios con habilitación de carácter estatal, condición que cumple el tesorero.

Pérdidas millonarias
El hecho de que esta gestión haya estado en manos privadas durante tantos años ha obligado al Ayuntamiento a abonar cantidades millonarias a la empresa que hasta ahora se encargaba del cobro. Concretamente, esta sociedad asumía hasta el pasado 11 de marzo el 70% del total de la recaudación, un trabajo por el que se llevaba una comisión de aproximadamente un 4%, unos tres millones de euros anuales en los últimos ejercicios que el consistorio pudo haberse ahorrado si el servicio hubiera estado en manos públicas.