martes, 12 de noviembre de 2013

Sí se puede alerta a las empresas santacruceras sobre un posible fraude de Emmasa



Arcila advierte que la entidad se ha embolsado de manera irregular casi medio millón de euros
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha elevado una protesta al consistorio por el cobro irregular de casi medio millón de euros por parte de la empresa de aguas Emmasa entre 2010 y 2013, que, siguiendo directrices de los responsables de Sacyr, ha estado cobrando recargos a una treintena de empresas radicadas en la capital de la Isla e incluso a los ayuntamientos de El Rosario, La Laguna y Santa Cruz.

Arcila señaló hoy que “no solo se quiere exprimir a los usuarios con menos recursos cobrándoles de manera ilegal las cuotas por el reenganche en los casos de los cortes de agua, sino que ahora hemos descubierto que vienen cobrando a una treintena de empresas e instituciones unas cantidades por recargo que se está recaudando de manera ilegal, al no haberles dado trámite de audiencia y sin seguir el procedimiento sancionador”.

Emmasa ha estado exigiendo la recaudación de este recargo año tras año, lo que le está generando pingües beneficios, afirmó con contundencia el portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Arcila añadió que Sacyr no piensa parar con esta política de exprimir a los santacruceros y ahora, con la modificación de la ordenanza de alcantarillado operada a principios de este año, ha extendido este sistema recaudatorio a todos los usuarios no domésticos, “de tal manera que a todas aquellas pequeñas empresas que no tramiten una autorización de vertido les imponen automáticamente un recargo, aunque el caudal sea insignificante”.

El concejal ecosocialista reclamó hoy al delegado de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, la convocatoria urgente de la Comisión del Agua para estudiar estos hechos, que podrían significar una nueva causa de resolución del contrato.

Arcila se expresó con dureza al afirmar que “Sacyr no ha hecho una sola inversión significativa en Santa Cruz y lo único que ha instalado son prácticas de extorsión a todos los usuarios: a los sectores con escasos recursos, a los sectores empresa­riales y, en general, a todos los usuarios aplicando subidas superiores al 17% durante el periodo de privatización que derivan hacia las empresas de su grupo”.