viernes, 11 de octubre de 2013

El expediente remitido por el Ayuntamiento al Estado no garantiza la servidumbre de 20 metros en Anaga



Arcila expresa su preocupación ante el desinterés del grupo de gobierno por certificar la existencia de núcleos urbanos antes de 1988
Arcila y otros miembros de Sí se puede, en Igueste.
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, expresó hoy su preocupación por el desinterés del grupo de gobierno a la hora de elaborar el expediente remitido al Gobierno del Estado para demostrar la existencia de núcleos urbanos anteriores a 1988 en la zona costera de Anaga. Esta documentación es crucial para que la Ley de Costas, aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo, pueda conceder a los pueblos de Igueste, Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas la servidumbre de 20 metros.

El edil ecosocialista tiene constancia de que el documento elaborado por el Ayuntamiento no dispone de la suficiente información y, de hecho, en él se insiste en el carácter de suelo rústico de estas zonas, todo ello acompañado de planos de asentamiento rural. En el expediente no se añade ningún dato sobre los servicios esenciales (agua, luz, viario, etc.) existentes antes de 1988 y que permitirían otorgar a estos pueblos el carácter de núcleos urbanos y reducir en ellos, por tanto, la servidumbre de 100 a 20 metros.

“La Ley de Costas aprobada por el Partido Popular (PP) no resuelve nada –afirmó el concejal–, y encima ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento disponía de un plazo de tres meses para presentar la documentación, pero lo ha hecho mal”. Por todo ello, Arcila pidió hoy que el alcalde, José Manuel Bermúdez, se reúna con los vecinos y les explique cuál es el estado real de la situación en estos momentos.

El compromiso del PP
El Pleno aprobó en noviembre del año pasado una moción de Arcila en la que se reclamaba al Gobierno del Estado que introdujera las modificaciones necesarias en la Ley para garantizar la servidumbre. El PP votó a favor de este acuerdo; además, el concejal Pablo Matos –también diputado en las Cortes Generales– se comprometió expresamente a pedir a su grupo parlamentario proceder en este sentido, pero en una asamblea vecinal celebrada en junio en Igueste de San Andrés la portavoz popular en el Ayuntamiento, Cristina Tavío, volvió a incidir en la idea del partido conservador en cuanto a no permitir nuevas edificaciones.

Con la moción de Sí se puede se pretendía resolver la situación en la que se encuentran los citados pueblos tras los injustos pronunciamientos judiciales que han supuesto que más de 200 viviendas se encuentren fuera de ordenación. Esta situación se agrava por la imposibilidad, en varios de estos núcleos, de contemplar suelo residencial para atender el crecimiento demográfico, debido fundamentalmente a las limita­ciones de uso residencial que impone la servidumbre.