lunes, 7 de octubre de 2013

Arcila quiere saber qué pasos ha dado el alcalde para garantizar la reubicación de las casas de José Antonio



El concejal también preguntará en el Pleno si se ha conseguido dinero para el Área de Rehabilitación Urbana de La Candelaria
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en el Pleno de este mes qué pasos ha dado el alcalde, José Manuel Bermúdez, para cumplir el compromiso adquirido en julio con los vecinos de las viviendas de José Antonio en cuanto a que los inmuebles rehabilitados se localizarán en el mismo lugar que ocupan en la actualidad.
Dado que el Plan General de Ordenación (PGO) vigente no permite esta reubicación, el alcalde se comprometió a convocar a los vecinos a finales de septiembre a una nueva reunión para, según recogieron los medios, “consensuar la confección de una hoja de ruta y la habilitación de un procedimiento que permita la modificación del planeamiento”. Pasado ese plazo, Arcila desea saber si se ha encontrado una fórmula y si los vecinos han sido informados de ella.
En la misma pregunta, presentada hoy por escrito, el concejal quiere saber cómo avanzan las negociaciones para lograr la financiación pública necesaria para acometer el Área de Rehabilitación Urbana de Nuestra Señora de La Candelaria. Sí se puede presentó ante el Pleno de julio una propuesta para la búsqueda de este dinero, que en su día se perdió por la inoperancia de la Delegación de Viviendas Municipales, pese a lo cual la concejala Ángela Mena tuvo entonces “el cinismo”, según Arcila, de afirmar que no había financiación por culpa del Estado.
Con su pregunta, Sí se puede expresa su preocupación con la pasividad municipal de estos últimos años, porque si bien esta rehabilitación se contemplaba en el Plan Estatal de Viviendas y Rehabilitación 2009-2012, el incumplimiento del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de culminar en el plazo de tres años la construcción de al menos el 50% de la viviendas protegidas objeto de las ayudas –lo que ha supuesto una vulneración del artículo 51 del Real Decreto 2066/2008– ha determinado la imposibilidad de ampliar el plazo del citado Plan Estatal de Viviendas y Rehabilitación. Esto ha supuesto un duro revés al deseo vecinal de ver iniciados los trámites para la rehabilitación.