miércoles, 3 de julio de 2013

Arcila quiere saber qué cambios sufrió el PGO en enero de 2010 antes de ser remitido a la Cotmac



Si el pleno aprobó el 4 de enero un documento diferente al entregado por Urbanismo el mes anterior, el acuerdo plenario podría ser nulo
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido la comparecencia del delegado de Urbanismo, José Ángel Martín, en la Comisión de Control del próximo día 11 para que explique si el documento del Plan General de Ordenación (PGO) suscrito por el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo a finales de 2009 es el mismo que aprobó el pleno el 4 de enero de 2010 para su remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Arcila recuerda que el Consejo Rector entregó a los grupos municipales un documento para su debate en el pleno del 29 de diciembre de 2009, pero esa sesión se suspendió por aviso de bomba y se celebró finalmente el 4 de enero de 2010. El PGO aprobado ese día podría contener modificaciones respecto al original remitido a los concejales, extremo que está siendo estudiado por un juzgado de instrucción por si pudiera constituir una infracción penal.

El edil ecosocialista cree necesario evaluar las posibles modificaciones, pues, en caso de que el contenido exacto del documento aprobado el 4 de enero de 2010 no fuera conocido por todos los concejales, podríamos encontrarnos ante la nulidad del acto de aprobación por parte del pleno, para el que se precisa el “conocimiento veraz” de lo que se debate, recuerda Arcila. Además, esa versión del PGO no habría sido aprobada por el Consejo Rector de Urbanismo y, por tanto, carecería de los informes preceptivos pertinentes.

Sí se puede considera de extrema importancia la información que pueda aportar el responsable de Urbanismo en la Comisión de Control de este mes, ya que, al margen de las decisiones que se tomen en el ámbito de la justicia, la alteración de la información contenida en el documento constituye un engaño al pleno de la corporación y, por tanto, a la totalidad de los ciudadanos de Santa Cruz en un asunto como el diseño del planeamiento, que pasa por ser el mayor lastre del grupo de gobierno y que precisa una solución definitiva.