lunes, 15 de abril de 2013

Sus beneficios son nuestras pérdidas. Por Saúl García

Pedro F. Arcila en "Mesa redonda sobre el Agua". Lanzarote

El presidente del Cabildo es un político osado, y no es un calificativo gratuito. Pone la mano en el fuego por la empresa que va a gestionar Inalsa en los próximos 30 años y garantiza que va a cumplir el contrato (que aún no se ha firmado) y que va a cumplir con los cánones que se pagarán y con las inversiones que se harán. Es osadía porque conoce los antecedentes de gestión privada de servicios públicos en la Isla, como Aguas Filtradas, Urbaser, la concesionaria del vertedero insular o de los pabellones deportivos de Arrecife; y de otros fuera de la Isla. Unos casos en los que la gestión privada ha acabado perjudicando a las arcas públicas y el servicio no ha sido bueno y donde no se han cumplido los términos contractuales.

El viernes pasado se hizo una mesa redonda organizada por la Mesa social del agua (autodenominada Mesa social del agua, según el Cabildo) que pretendía informar sobre otros casos similares. El concejal por Sí se puede de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, habló de la gestión del agua por parte de Sacyr. Contó que cuando se hizo cargo del servicio, hace siete años, prometió una gran cantidad de inversiones que no se han cumplido y advirtió que el primer paso en el proceso privatizador es hurtar al máximo el control democrático.

En estos años, Sacyr tiene once millones de pérdidas y sin embargo no abandona el servicio. Y no lo hace, según Arcila, porque la clave está en las subcontrataciones (hasta 31 no autorizadas). Sacyr contrata todo tipo de servicios, sin concurso público y sin dar explicaciones porque es una empresa privada, con filiales de su grupo que sí obtienen beneficios. “Los beneficios de ellos son nuestras pérdidas”, dijo. ¿Y de las inversiones? Nada de nada.

Enrique Ortega, de la plataforma contra la privatización del Canal Isabel II de Madrid explicó que existe una opacidad absoluta y que la letra pequeña de los contratos, para eludir el pago de cánones, las inversiones a realizar o para subir el agua, suele tener una cláusula incluida también en la Ley de Contratos del Sector Público, que alude al equilibrio económico de la concesión.

Volvemos al caso anterior: se alegan pérdidas, después de haber desviado los beneficios, para no cumplir con las condiciones del contrato, así que se sube el agua cuando en teoría no se podía y no se invierte lo pactado. También habló del caso de Torrelavega, donde la empresa obligó a todos los consumidores a cambiar los contadores que, casualmente, vendía una empresa de su mismo grupo, con el añadido de que los vendió al triple de su precio de mercado.

Tomen nota, queridos lectores, porque, salvo milagro, Lanzarote no va a ser la excepción, y guarden en su memoria estos datos para cuando el presidente del Cabildo, que no podrá alegar ignorancia, justifique los incumplimientos del contrato diciendo que quién se podía esperar que la empresa no fuera a cumplir.