viernes, 19 de abril de 2013

Arcila quiere saber cuándo se recuperará el carácter público de la recaudación en periodo voluntario



Bernabé lleva casi dos años dando largas a Sí se puede sobre esta ilegalidad
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en la próxima sesión plenaria, que se celebrará el día 26, qué pasos ha dado el grupo de gobierno para recuperar el carácter público del servicio de gestión y cobro de tributos en periodo voluntario, que desde hace casi 20 años está en manos de una empresa privada pese a varios informes desfavorables del interventor de la corporación, en lo que constituye una clara ilegalidad.

Desde su llegada al Ayuntamiento, en 2011, Sí se puede ha insistido en acabar con esta situación contraria a la ley, que contempla claramente que esa función ha de ser desarrollada por funcionarios con habilitación de carácter estatal. Así, ya en el pleno de julio de 2011 Arcila preguntó por este extremo al concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, y repitió su pregunta en la Comisión de Control de noviembre de ese año sin obtener una respuesta clara por parte del grupo de gobierno.

El asunto volvió a ser tratado en el pleno del 12 de noviembre de 2012, cuando Sí se puede explicó los motivos de su voto contrario a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar al recaudador privado. En esa ocasión, Bernabé comunicó que en la Junta de Gobierno de ese mismo día se había iniciado el expediente para municipalizar el servicio. Por ello, y dado que han transcurrido más de cinco meses desde aquel anuncio, Arcila desea saber ahora qué pasos se han dado desde el inicio del expediente, cuáles son los próximos pasos previstos y en qué fecha concluirá la plena recuperación del servicio.

La gestión del cobro de impuestos municipales en periodo voluntario fue subcon­tratada a una empresa privada hace casi 20 años de manera temporal. Sin embargo, en la actualidad se sigue encargando del 70% del total, trabajo por el que se lleva una comisión de aproximadamente un 4%, lo que se tradujo en unos tres millones de euros en el ejercicio de 2010. “Resulta inadmisible que el Ayuntamiento deje escapar esa cantidad de dinero en estos tiempos de crisis”, afirma Arcila, que coincide con el interventor en su afirmación de que la condición de temporalidad con la que se subcontrató el servicio ha sido superada claramente.