martes, 19 de marzo de 2013

Sí se puede insiste en que se aclare qué procedimiento se seguirá para contratar a las trabajadoras de Mararía



Asunción Frías preguntará al pleno cuándo se abrirá el concurso para la contratación del servicio de ayuda a domicilio
Extrabajadoras de Mararía durante la Comisión de enero.
Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en la próxima sesión plenaria qué procedimiento va a seguir el consistorio para garantizar la contratación de todas las extrabajadoras de la cooperativa Mararía que hasta el verano pasado prestaban el servicio de ayuda a domicilio, un compromiso que el grupo de gobierno ha manifestado en varias ocasiones.

Frías recuerda que la última ocasión en que se expresó en tal sentido fue en el pleno del pasado 25 de enero, a través de una moción aprobada por unanimidad en la que se garantizaba que todas las empleadas de la empresa recuperarían sus trabajos una vez que vuelva a sacarse a concurso el servicio. En su pregunta al pleno, Frías desea saber también en qué mes del presente año se va a abrir el concurso.

La concejala ecosocialista preguntó al grupo de gobierno, tanto en el citado pleno como en la Comisión de Control del día 17 de enero, sobre el modo concreto en que iban a garantizarse dichas contrataciones, teniendo en cuenta la legislación vigente y las sentencias judiciales conocidas hasta esa fecha. Sin embargo, todavía no se ha dado una respuesta clara al respecto, ni a la oposición ni a las extrabajadoras de Mararía, a pesar de que los gobernantes han tenido tiempo más que suficiente para despejar las dudas existentes sobre ese particular.

Sí se puede considera urgente que se resuelva cuanto antes el concurso para garantizar un servicio de calidad a las mil personas en situación de dependencia que lo necesitan actualmente en el municipio. Además, este concurso debe poner remedio a las nefastas consecuencias del caso Mararía, un ejemplo más de los efectos de las políticas neoliberales, que dan prioridad a los beneficios empresa­riales frente a los servicios públicos necesarios para garantizar los derechos de la ciudadanía.