lunes, 18 de marzo de 2013

Pedro Arcila pide que se le exija a Lerena devolver el dinero recibido, después de que la Fiscalía haya concluido que hubo un presunto delito de cohecho



El edil de Sí se puede reclama que se cumpla lo acordado en el pleno
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido hoy al grupo de gobierno que cumpla lo acordado en el pleno de la corporación y exija al empresario Juan Antonio Sánchez Lerena que devuelva el dinero que recibió del consistorio de manera ilícita.

La petición se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido su investigación y haya determinado que existió un presunto delito de cohecho por parte del empresario y de un funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz, para los que pide penas de prisión.

El pleno acordó en su día, a instancias de Sí se puede, que si de la investigación de la Fiscalía se concluía que hubo un presunto delito, se procedería a reclamar a Lerena el dinero cobrado de manera indebida entre los años 2002 y 2009. El total facturado por obras menores en ese periodo asciende a unos dos millones de euros, de los cuales restarían por abonar 115.000 euros. Arcila pide que esta cantidad pendiente no le sea abonada.

La irregularidad más llamativa del caso Lerena, que llegó a la Fiscalía tras una denuncia de Arcila, consistió en la presencia, durante años y de manera ininterrumpida, de una trabajadora de la empresa Juan Antonio Sánchez Lerena en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz. Esta empleada desempeñaba labores de auxiliar administrativa en la Gerencia y tenía acceso directo y previo a la publicación de todos los trámites para la adjudicación de los contratos administrativos que celebra el Ayuntamiento, algunos de los cuales recayeron en la empresa para la que ella misma trabajaba.

A pesar de que la empleada no prestaba servicios efectivos para la empresa de Lerena, percibía salarios de esa entidad. Esta “manifiesta y prolongada irregularidad solo puede tener como causa los beneficios fraudulentos que le reportaba a la empresa Juan Antonio  Sánchez Lerena que una trabajadora a su cargo realizara su trabajo habitual en la Gerencia de Urbanismo y más concretamente interviniendo en la contratación administrativa con terceros”, afirma Arcila.