martes, 22 de enero de 2013

Sí se puede solicita al pleno de Santa Cruz que encargue una investigación sobre el ‘caso Lerena’



Arcila pide que los servicios jurídicos estudien si procede reclamarle a la empresa las cantidades abonadas por sus servicios
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pedirá en el pleno ordinario que se celebrará el próximo viernes que se abra una investigación municipal sobre el denominado caso Lerena para determinar si la empresa Juan Antonio Sánchez Lerena actuó maliciosamente y, por tanto, no podría haberse acogido a la doctrina del Tribunal Supremo sobre enriquecimiento injusto, doctrina en la que se basó la corporación para abonarle determinados servicios.

Arcila presentará ante el pleno una moción en la que describe todas las irregularidades en torno a este caso, la más llamativa de las cuales es la presencia, durante años y de manera ininterrumpida, de una trabajadora de esa empresa en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz. Esta empleada desempeñaba labores de auxiliar administrativa en la Gerencia y tenía acceso directo y previo a la publicación de todos los trámites para la adjudicación de los contratos administrativos que celebra el Ayuntamiento, algunos de los cuales recayeron en la empresa para la que ella misma trabajaba.

A pesar de que la empleada no prestaba servicios efectivos para la empresa de Lerena, percibía salarios de esa entidad. Esta “manifiesta y prolongada irregularidad solo puede tener como causa los beneficios fraudulentos que le reportaba a la empresa Juan Antonio  Sánchez Lerena que una trabajadora a su cargo realizara su trabajo habitual en la Gerencia de Urbanismo y más concretamente interviniendo en la contratación administrativa con terceros”, indica Arcila en la moción.

El concejal ecosocialista reclama que, si de las conclusiones de la investigación municipal se concluyera que medió una voluntad maliciosa de los responsables de la empresa, se encarguen informes jurídicos a los servicios municipales sobre si procede reclamar las cantidades abonadas por el Ayuntamiento o por cualquier organismo autónomo a la sociedad de Lerena en aquellos supuestos donde se compruebe que medió mala fe de la empresa.

La citada doctrina del Tribunal Supremo establece, en el caso de las corporaciones locales, que estas están obligadas a abonar algunos servicios prestados por terceros, en determinadas circunstancias, para no incurrir en enriquecimiento injusto. Para ello es preciso que no se aprecie “la existencia de mala fe” por parte de quien realiza los servicios que pretende cobrar, una circunstancia que, según Arcila, no se da en este caso.