jueves, 17 de enero de 2013

Sí se puede pide que el alcalde comparezca en la Comisión de Servicios Públicos para explicar qué hará en relación con el pelotazo de cementerios



Arcila afirma que si el grupo de gobierno no toma medidas, será tan responsable como quienes organizaron este entramado de irregularidades
Frías y Arcila, en la Comisión de Control de esta mañana.
Sí se puede ha pedido hoy que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, comparezca ante la Comisión de Servicios Públicos de la corporación para que explique qué medidas tiene previsto tomar el grupo de gobierno en relación con el pelotazo del servicio de cementerios de la capital.

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento, dijo hoy en la Comisión de Control que los actuales gobernantes serán tan responsables como los anteriores en este asunto si no actúan ante un cúmulo de irregularidades detectadas por la organización que el edil ecosocialista calificó como “de un nivel de corrupción impresionante”. Las actuaciones que denuncia Sí se puede fueron supuestamente llevadas a cabo durante mandatos anteriores; sin embargo, Arcila afirmó hoy que “lo importante de este asunto es saber qué va a hacer el grupo de gobierno actual”.

Arcila, que tiene constancia de la existencia de más de una docena de graves irregularidades en la adjudicación de este servicio a la empresa Cetensa (Cementerios de Tenerife), actualmente Cetensa Canarias, SA., arrancó del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, su compromiso de convocar la Comisión de Servicios Públicos para que el grupo de gobierno arroje algo de luz en este supuesto entramado de favores, que le ha costado a las arcas municipales varios millones de euros en pérdidas.

Sí se puede ha tenido acceso a estos datos a través de un informe del jefe de servicio de Gestión y Control de Servicios Municipales del Ayuntamiento. Sorprendentemente, durante su comparecencia en la Comisión de Control, solicitada por Arcila, Dámaso Arteaga dijo que este documento no obra en su poder. En ese informe se detecta un enriquecimiento de la empresa concesionaria y de las subcontratadas que está siendo financiado por el erario público como consecuencia de una serie de acuerdos y actuaciones municipales llevados a cabo en mandatos anteriores.