viernes, 12 de octubre de 2012

Sí se puede detecta irregularidades en una promoción de viviendas municipales en El Tablero

Pedro Arcila ha pedido la comparecencia de Ángela Mena en la Comisión de Control

Sí se puede ha solicitado la comparecencia de la consejera delegada de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife en la Comisión de Control del Ayuntamiento, prevista para el próximo día 18, para que explique su actuación en relación con una unidad de actuación en el pueblo de El Tablero, de la que la sociedad municipal es propietaria mayoritaria de los terrenos, siendo el resto de los propietarios minoritarios familias que cuentan con una vivienda dentro de esa unidad.

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, considera que se han cometido numerosas irregularidades en la tramitación de esta unidad de actuación. Según Arcila, “no se ha cedido ni un metro cuadrado de terrenos para dotaciones, espacios libres o zonas verdes, y se incluyen en esta unidad más de diez inmuebles de vecinos de la zona en cuyos terrenos se ubica el porcentaje de viviendas protegidas establecidas por ley, dejando los terrenos de viviendas municipales sin esta calificación”.

El edil ecosocialista también ha destacado que la sociedad que regenta la concejala Ángela Mena ha solicitado una subvención para un proyecto de electrificación cuando las instalaciones ya existen, por lo que no entiende “cómo se puede pedir ahora una subvención para algo que funciona a la perfección desde hace varios años”.

Arcila se ha lamentado de la política que está llevando a cabo Viviendas Municipales, “más proclive a intervenir como promotor privado que como una empresa pública que debe preocuparse en proporcionar a nuestros barrios dotaciones que garanticen la calidad urbana, asumiendo su principal cometido, como es la creación de viviendas protegidas de promoción pública”. El portavoz de Sí se puede en Santa Cruz considera que la sociedad municipal “se aprovecha de su condición de ente público para obtener un dinero público que carece de justificación y que beneficiará a promotores privados”.