viernes, 30 de diciembre de 2011

Sí se puede pedirá al pleno que inicie un expediente de responsabilidad a Zerolo por sus perjuicios al erario público durante su etapa como alcalde


La ley contempla que los cargos locales que hayan infringido la legalidad deben indemnizar al Ayuntamiento, al margen de las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido

Sí se puede presentará una moción ante el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que inicie en expediente de responsabilidad sobre la persona de Miguel Zerolo, exalcalde del municipio, y sus equipos de gobierno por diversas actuaciones que han supuesto un perjuicio para el erario público, entre las que destacan la operación de compraventa de Las Teresitas, la nefasta gestión en materia de sanciones urbanísticas y la continuada acción negligente que ha llevado a que el consistorio haya tenido que decretar este año un total de 84 millones de euros como de difícil o imposible recaudación.

Pedro Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, señala que la ley contempla que aquellos representantes públicos que “por dolo, culpa o negligencia adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán obligados a indemnizar a la corporación local los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Este precepto legal encaja a la perfección con la acción de gobierno desarrollada por Miguel Zerolo durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento capitalino, por lo que Arcila considera oportuno y necesario abrir el citado expediente de responsabilidad.

El actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, firmó el pasado 13 de junio un decreto por el que se declaraban más de 84 millones de euros como de difícil o imposible recaudación. Esa cantidad de dinero sin recuperar, correspondiente a la etapa de Zerolo, es uno de los principales indicadores de la mala gestión del anterior alcalde al frente del consistorio. Se trata de una importantísima cantidad de dinero público que, probablemente, nunca se va a cobrar, razón más que suficiente para exigirles responsabilidades políticas a Zerolo y a sus socios de gobierno, incluido el Partido Popular.