martes, 26 de julio de 2011

Una empresa privada cobra impuestos desde hace 20 años

Alternativa Sí Se Puede presenta en el pleno de hoy una iniciativa para interesarse por las gestiones que ha hecho el nuevo gobierno local para resolver este problema. Según el concejal Pedro Arcila, "queremos saber si el alcalde tiene intención de acabar con este contrato o si el Ayuntamiento está dispuesto a seguir las exigencias del interventor". 


Vía: laopinion.es


El interventor asegura que esta cesión va contra la ley y exige que sean los funcionarios locales los que gestionen los tributos

Una empresa privada se encarga de cobrar más de 70% de los impuestos que deben abonar los santacruceros cada año, los correspondientes al periodo voluntario. El año pasado, la cantidad total de estas facturas ascendió a más de 60 millones de euros. 

Este recaudador externo mantiene la gestión pese a varios informes desfavorables del interventor general municipal, que considera que este trabajo lo deben hacer los funcionarios municipales, porque las leyes de las administraciones locales así lo exigen y para evitar la fuga de entre un 4 un 4,5%, el porcentaje al que corresponde la comisión que se lleva esta empresa por las facturas y que representó el año pasado 3 millones de euros.

El interventor general del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Gálvez, censura en su último informe sobre este sistema que el consistorio mantenga la cesión a la empresa externa del cobro de tributos durante el periodo voluntario. 

Según este informe, la excepcionalidad y temporalidad de la contratación a la empresa de Félix Marrero Montesdeoca, formalizada el 24 de febrero de 1992, "sobrepasa con creces lo tolerable", así como aboga porque el Ayuntamiento asuma de una vez la labor recaudatoria.

El interventor considera que la Ley 57/2003, de medidas de modernización de la administración local, conlleva que el Ayuntamiento asuma toda competencia de sus propios tributos. "Esta Ley impide que puedan prestarse mediante las formas de gestión indirecta aquellos servicios que impliquen ejercicio de autoridad. Y la doctrina jurisprudencial consolidada excluye de manera absoluta el sistema de gestión indirecta, en todas sus formas, para el servicio de la gestión recaudatoria, tanto en el periodo voluntario como en la vía ejecutiva", matiza el escrito.

Alternativa Sí Se Puede presenta en el pleno de hoy una iniciativa para interesarse por las gestiones que ha hecho el nuevo gobierno local para resolver este problema. Según el concejal Pedro Arcila, "queremos saber si el alcalde tiene intención de acabar con este contrato o si el Ayuntamiento está dispuesto a seguir las exigencias del interventor". 

De no ser así, Arcila señala que llevará el caso a la Justicia, pues según su parecer "hasta seis leyes van en contra de que el cobro de los impuestos por vía voluntaria lo ejerza una empresa ajena a los servicios municipales". 

Sí Se Puede considera que en el caso de Santa Cruz no se da la excepcionalidad que permite a determinados ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, contratar esta gestión a entidades privadas al no disponer de medios suficientes para poder llevarla a cabo.

El concejal de Economía y Hacienda, Alberto Bernabé, admitió en declaraciones a este diario que ha iniciado las negociaciones con la empresa de Félix Marrero para tratar de buscar una solución. "Es una de las primeras cosas que he visto desde que llegué a la Concejalía. Hemos iniciado los contactos para estudiar la relación con esta empresa y buscar la mejor salida para todos, pero todavía no sabemos si pasa por rescindir el contrato. La solución no es tan sencilla", puntualizó Bernabé.

El nuevo gobierno local teme que la ruptura del contrato lleve aparejada una indemnización a la empresa adjudicataria. El mismo Félix Marrero, responsable de la empresa, aclaró ayer que solicitarían las cantidades correspondientes por lucro cesante y daño emergente si se rompiera el contrato. A su parecer, la empresa que dirige, con sede en la calle Fragata Danmark, tiene todo el derecho legal de cobrar los impuestos y subraya que ganó el concurso en 1992 después de que el pleno aprobara la externalización del servicio. 

Marrero destaca que para esta misión tiene contratadas a 40 personas y que el interventor municipal hace una interpretación "errónea" del marco legal. "El ejercicio de autoridad se da en la vía ejecutiva, no en la voluntaria. Además, hay ayuntamientos que hacen lo mismo que el de Santa Cruz, como el de Oviedo. Tenemos toda la legitimidad para hacer este trabajo", señaló el recaudador.

Uno de los aspectos que critica el interventor es la temporalidad del contrato firmado en 1992 y su continuidad de oficio, con informes desfavorables tanto de sus técnicos como de los del Consejo Consultivo de Canarias. Sobre este extremo, Marrero Montesdeoca precisa que el contrato se renueva automáticamente en tanto no se resuelvan los litigios pendientes contra los dos concursos públicos, de 1988 –quedó desierto por decisión del gobierno local de entonces– y 1992, en el último de los cuales fue cuando resultó ganador de la concesión administrativa.

"Gracias a que una empresa privada lleva la recaudación, Santa Cruz es uno de los ayuntamientos con mayor tanto por ciento de cobro en el periodo voluntario de España, con un nivel que se acercó en el último ejercicio al 80%", precisó Félix Marrero, quien admitió que ha mantenido contactos en las últimas semanas con la Concejalía de Economía y Hacienda.