domingo, 26 de junio de 2011

Alternativa Sí se puede por Tenerife se muestra satisfecha por el reconocimiento de la ilegalidad de las obras de El Bufadero.

Uno de los portavoces vecinales de Sí se puede en María Jiménez espera que con “la acción judicial se pueda recuperar el uso vecinal de la costa de la zona”. 
 
Para Javier Felipe Ramos, vecino de María Jiménez y militante de Sí se puede, que la fiscal de Delitos Ambientales, Inmaculada Violán, haya reconocido que las obras que afectaron a la desembocadura de El Bufadero no estaban contempladas en el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz es “una excelente noticia que reconoce lo que venimos denunciando hace mucho tiempo”.


Según expone el portavoz vecinal “estas obras ilegales fueron el principal factor que explica los graves desperfectos que generaron las grandes lluvias de febrero de 2010, que afectaron a viviendas, mobiliario urbano, vehículos y vías de María Jiménez”.


Javier Felipe recuerda que “los barrancos tienen una función natural que, aunque se quiera, no puede dejar de mantenerse. El cierre ilegal de la desembocadura generó una importante acumulación de tierra y piedras en el cauce del barranco, factor clave en el desbordamiento del mismo”.


El portavoz asegura que “ahora mismo los técnicos deberán de certificar el peligro que corren los vecinos con esta obra ilegal, realizada sin autorización y sin tener en cuenta los posibles efectos colaterales”. En todo caso Felipe Ramos considera que “el Consejo Insular de Aguas es el principal responsable ante cualquier problema pasado o futuro”.


Los vecinos de la zona llevan bastante tiempo reclamando que se recupere en la costa de María Jiménez, el espacio de baño conocido como La Maretita y que los efectos de las obras ilegales en la explanada de contenedores de El Bufadero sean revertidos.


El portavoz vecinal indicó finalmente que espera que la acción judicial “continúe y se identifique a los responsables de los graves incidentes de febrero de 2010. Por otra parte considera que tanto la Autoridad Portuaria como el Consejo Insular de Aguas serán obligados judicialmente a tomar cartas en el asunto y hacer caso de las reclamaciones de los habitantes de María Jiménez”.