miércoles, 13 de abril de 2011

Sí se puede apoya el manifiesto de los colegios profesionales contra la política de contratación de las administraciones


Considera que las empresas públicas no deben asumir funciones que son propias de la iniciativa privada
Alternativa Sí se puede por Tenerife considera que el Gobierno canario y otras instituciones locales practican una política de acaparamiento de la oferta pública de contratos de consultoría y ejecución de obras que en nada contribuye al sostenimiento del tejido local de las pequeñas y medianas empresas que venían prestando este tipo de servicios. De esta forma, Sí se puede se adhiere al contenido de un reciente manifiesto de los colegios y asociaciones profesionales de Canarias en el que se critica la política de contratación de las administraciones públicas del Archipiélago.

Sí se puede considera que a la Administración le corresponde sostener y potenciar sectores estratégicos de la vida social como la sanidad, la educación y los servicios sociales; sin embargo, se da la paradoja de que el mismo Gobierno que está reduciendo en forma drástica la aportación de recursos a estos sectores fundamentales, poniendo en peligro su sostenibilidad y promoviendo su eventual privatización, concentra la realización de trabajos que se pueden realizar con eficacia y coste razonable desde el tejido empresarial local.

En concreto, el partido comparte la idea de que ciertas sociedades públicas, que en origen se crearon para la dinamización de otro tipo de actividades, en la práctica se han convertido en empresas de consultoría a cargo de los presupuestos públicos. En muchos casos, estas entidades públicas funcionan a base de trabajadores eventuales y temporales, contratados en condiciones muy precarias.

A estas personas, en muchos casos jóvenes y recién egresadas, se les encomienda a cambio de una retribución insuficiente la ejecución de estudios, planes y proyectos de extraordinaria complejidad. De este modo, no solo se desaprovecha la competencia profesional adquirida a lo largo de décadas por numerosos gabinetes profesionales locales que venían realizando este tipo de tareas, sino que se compromete la idoneidad de proyectos cuya importancia para Canarias resulta estratégica.

Por otra parte, debido a la grave crisis socioeconómica que padecemos, muchas de estas pymes se pueden ver abocadas al cierre por carecer del incentivo de la contratación pública. En el futuro, cuando se vuelva a reclamar su concurso, serán reemplazadas por empresas y consultoras foráneas que no generan ningún efecto económico de arrastre en el Archipiélago.

Sí se puede propone que los estudios, planes y obras se realicen siempre en colaboración y bajo la supervisión atenta de los responsables técnicos y políticos de la Administración; y contando también con la máxima participación pública en todas las fases del proceso, de forma directa y a través de las redes de colectivos sociales y ciudadanos. Pero sin privar a las cerca de 15.000 personas que desarrollan legítimamente su ejercicio profesional en múltiples campos (arquitectura, ingenierías, arquitectura técnica, geografía…) de una fuente de actividad que sin duda contribuye al reforzamiento del capital social, económico y cultural de nuestra tierra.