miércoles, 3 de noviembre de 2010

Nueva declaración Sí se puede sobre la Ley del catálogo, los incumplimientos del PSC–PSOE y el puerto de Granadilla.


1.     Alternativa Sí se puede quiere comenzar recordando que, a diferencia de lo que sucedió en el año 2000 cuando se presentó el Decreto por el que se creaba el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, en la elaboración parlamentaria de la vigente Ley del Catálogo de Especies Protegidas no se tomó en cuenta, o se ignoró deliberadamente, la opinión de centros de reconocida solvencia en el estudio de la Naturaleza de Canarias: entre ellos, las dos Universidades públicas, el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, el Jardín Canario Viera y Clavijo, el Jardín de Aclimatación de La Orotava o el CSIC; tampoco se sometió a consulta, como sí se había hecho una década antes, a los propios Cabildos a través de sus Unidades Insulares de Medio Ambiente. Resulta bien conocida la posición muy crítica con la citada Ley, no sólo en el ámbito ecologista o de la ciudadanía y colectivos políticos más sensibilizados con la conservación del medio, sino también y de forma destacada, entre las personas que componen la comunidad científica.

2. A finales del mes de julio, una delegación de Alternativa Sí se puede mantuvo un encuentro con representantes del PSC-PSOE  en el Parlamento de Canarias. Los diputados socialistas manifestaron su convicción, compartida por Sí se puede, de que la reciente Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias presenta claros visos de inconstitucionalidad. En consecuencia, adquirieron el compromiso de denunciarlo ante el Gobierno de España, para que éste convocara a la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias–Estado, como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, en el caso de que el Gobierno de Canarias no modificara todo un conjunto de aspectos sustanciales de la citada Ley. Sí se puede trasladó entonces a la opinión pública su satisfacción por este anuncio, y su confianza en que el PSC–PSOE cumpliría un compromiso adquirido no sólo con nuestro partido, sino con el conjunto de la sociedad, según había sido anunciado en comparecencia pública por los propios portavoces parlamentarios del PSOE.
3. El plazo legal  para realizar las gestiones acordadas era de tres meses. Y si bien parece que la Comisión Canarias–Estado sí se reunió a comienzos de septiembre, lo cierto es que el periodo para que el Gobierno de España presentara recurso de inconstitucionalidad concluyó sin que se diera ningún paso al respecto. Desconocemos, desde Sí se puede, si el compromiso se desvaneció a la vista de las negociaciones entre el PSOE central y los diputados de Coalición Canaria para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, nuestra organización toma buena nota de este flagrante incumplimiento de la dirección del PSOE canario, uno más, entre todos los que tienen que ver de un modo u otro con el fatídico proyecto de un puerto en Granadilla.
4. En realidad, a nadie se le escapa que la Ley del Catálogo buscaba, esencialmente, despejar algunas trabas jurídicas que impiden la construcción de esa costosa, lesiva, innecesaria e inútil infraestructura portuaria. Faltó tiempo para que los propios voceros de CC y PP, incluido el propio consejero de Medio Ambiente, así lo reconocieran en público. Sin embargo, son muchos los elementos objetivos existentes a finales de 2010 que aconsejan retrotraer el expediente del puerto de Granadilla al comienzo: tanto por una cuestión de seguridad jurídica, como por la aplicación más elemental del principio de precaución. Desde Alternativa Sí se puede, y desde otros sectores sociales y ciudadanos estamos convencidos de esta idea por buenas razones y argumentos que se exponen a continuación.
5. Resulta imprescindible abordar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, puesto que las circunstancias y los datos que rodean al proyecto variaron de manera sustancial:
- Los estudios científicos más recientes constatan que las praderas de Sebas existentes en el litoral afectado presentan una importancia cuantitativa y cualitativa de primer orden; esto es, una extensión muy superior a la que se reconocía en el EIA, y un grado de diversidad genética que las convierte de hecho en los sebadales más importantes del Archipiélago Canario. En el medio terrestre, se ha podido constatar la presencia significativa de al menos dos especies protegidas (la piña de mar y un invertebrado) que tampoco fueron identificados en el EIA. Se trata de especies incluidas en el Catálogo vigente, incluso después de su reciente ‘devaluación’, y que suponen en realidad una muestra de lo que podría aparecer si se estudiara de forma concienzuda el territorio afectado (lo que evidentemente no hizo el EIA que se aprobó).
- El by-pass del puerto, artificio concebido en teoría para permitir la circulación de arena, constituye un elemento que en absoluto aparecía en el proyecto original, y que por tanto no resultó evaluado, siendo un elemento no accesorio sino completamente central.
- Desde el punto de vista de la técnica de la navegación marítima, están también las conclusiones del peritaje, realizado a instancias del TSJC, que cuestiona severamente la funcionalidad del puerto, debido a la intensidad de los vientos dominantes y a su persistencia durante buena parte del año.
- Desde el punto de vista del análisis económico más elemental, jamás se ha aportado un estudio que plantee con claridad el número de puestos de trabajo que crearía el puerto una vez en funcionamiento, la incidencia que provocaría el transporte obligado de mercancías hacia la zona más poblada de Tenerife (Área metropolitana), o la más que discutible viabilidad de un hub —puerto especializado en el trasbordo internacional de contenedores— en competencia con los que ya existen en nuestro entorno (Algeciras, Tánger…).
6. Por otra parte, han quedado por completo invalidadas las premisas que sustentaron la declaración del puerto de Granadilla como de interés público de primer orden: los hechos evidencian que era falso que el puerto de Santa Cruz estuviera a punto de colapsar en su capacidad de albergar contenedores (ni siquiera antes del desencadenamiento de la crisis); que era mentira que el puerto capitalino no se podía ampliar (pues ya lo hizo, de forma sustancial, en la zona de la Dársena del Este); y que además existen posibilidades técnicas sobradas de seguirlo ampliando, si fuera necesario en el futuro.
7. Por último, se debe tomar en cuenta la llegada de la nueva titular al Ministerio de Medio Ambiente. Por eso, a pesar de la frustración generada por incumplimientos anteriores, desde Alternativa Sí se puede consideramos que se abre ahora una nueva oportunidad y desplegaremos todas las iniciativas que estén en nuestra mano para trasladarle a Rosa Aguilar, de forma pormenorizada, los argumentos anteriores. Las inversiones contempladas para infraestructuras inútiles deben destinarse prioritariamente a gastos e inversiones sociales. Y estamos convencidos de que, junto a las circunstancias económicas, también la razón y la ley están de nuestra parte. Por eso, seguirá siendo cierto que sí se puede parar el puerto de Granadilla.