miércoles, 21 de julio de 2010

Declaración pública de la Coordinadora Insular de Alternativa Sí se puede en relación a los últimos sucesos que rodean al puerto de Granadilla


1. El proyecto de un puerto en Granadilla constituye una idea irracional, inútil y planteada sobre un conjunto de mentiras evidentes. Se trata del proyecto público más contestado y que cuenta con menor respaldo social de toda la historia democrática de Canarias. Representa, además, uno de los casos de mayor esfuerzo cívico, de argumentación ciudadana y de despliegue de acciones creativas para publicitar esa oposición razonada y razonable que se conocen en Europa. Sus defensores, en cambio, nunca han sido capaces de aportar argumentos de calidad que lo justifiquen. Jamás y nunca aceptaron debatir de forma abierta, democrática y transparente. Renunciaron por completo al uso de la razón, y se basaron en el uso de la fuerza (económica) y electoral (sin argumentos), la mentira y la artimaña.

2. La Autoridad Portuaria anuncia el comienzo de las obras del puerto de Granadilla. Es posible que se desarrollen algunos movimientos y que se realice un amago de trabajos de cierta envergadura, sobre todo en la parte terrestre. Que nadie se lleve a engaño: su objetivo principal no es otro que sembrar el desánimo entre la amplia mayoría contraria a este proyecto. Pero no lo van a lograr, porque el puerto no se va a construir. Otro objetivo secundario de este simulacro puede ser sentar la base jurídica para que las empresas adjudicatarias de las obras puedan cobrar indemnizaciones cuando se verifique, un poco más adelante, que no existe financiación real para el proyecto.

3. El puerto de Granadilla carece de financiación consolidada en los presupuestos generales del Estado. Tampoco cuenta con financiación de los fondos estructurales de la Unión Europea. La Autoridad Portuaria suscribió hace años un préstamo sindicado con varias entidades bancarias para adelantar su costo. Pero la legislación española prohíbe de forma taxativa acometer este tipo de obras públicas sin financiación pública garantizada.

4. Como es sabido, para eliminar alguno de los obstáculos jurídicos a la construcción del puerto, el grupo parlamentario de Coalición Canaria promovió una modificación por ley del Catálogo de Especies Protegidas. Su objetivo principal fue descatalogar la planta submarina que impedía el desarrollo de las obras. Se trata de una práctica perversa, la modificación de una ley para aplicarla a un caso único de forma subrepticia, lo que puede constituir un delito de prevaricación. Además, si las obras se llevan adelante (cosa que dudamos), afectarían de forma inevitable al sector de los sebadales efectivamente protegidos que se encuentran más al sur, porque el mar y sus corrientes forman un ecosistema dinámico, y la Naturaleza no entiende de rayas artificiales concebidas para satisfacer intereses espurios.

5. En realidad, toda la actuación de los dos partidos que sostienen al gobierno, apoyados por el lobby de las grandes constructoras locales y foráneas y por los propietarios del suelo que se va a revalorizar de forma especulativa en la zona, constituye la escenificación contraria de lo que quieren transmitir: lo que están representando no es más que su propia debilidad, su deslegitimación y su derrota. Ningún Gobierno había alcanzado antes tal grado de deslegitimación ante la ciudadanía canaria, la comunidad científica y las personas que conocen y aman a Canarias desde el exterior. Nunca se había hecho tan evidente ante la opinión pública las connivencias e intereses compartidos entre el poder político y el económico. Jamás una decisión tan estratégica había sido cuestionada, no sólo por numerosos ayuntamientos y cabildos, sino incluso, por algunos gobernados por Coalición Canaria, como los de Fuerteventura y El Hierro. Como señaló un concejal de Coalición Canaria en Buenavista del Norte en apoyo a la moción de Sí se puede de reprobación de la Ley del Catálogo: “lo que es verdad, es verdad, y no admite vuelta de hoja”.

6. El problema más importante que atenaza a la sociedad canaria hoy es la crisis económica y social y su consecuencia inmediata en las altísimas tasas de paro. De forma oportunista e irresponsable, los grupos de poder interesados en el Puerto de Granadilla anuncian que éste creará numerosos puestos de trabajo. Mienten otra vez. Alternativa Sí se puede recuerda que el único documento oficial de la propia Autoridad Portuaria que se refiere a este asunto calcula un máximo de 45 personas contratadas en el momento de mayor pujanza de las obras; a eso habría que sumarle algunos empleos diferidos —como sucede en toda actividad económica—. Pero a nadie se le escapa que las mismas cifras de inversión (112 millones de euros, sólo el dique exterior), colocada en infraestructuras y servicios de verdadero interés social (Hospitales del Norte y del Sur, centros de salud, mejora de centros educativos, guarderías, mantenimiento de las carreteras ya existentes) sí que crearían muchos miles de puestos de trabajo, más duraderos y de más calidad. Además de los que se podrían favorecer apoyando el desarrollo de las energías renovables, la agricultura para el mercado interior y los servicios sociales dirigidos a las personas que requieren atenciones especiales. En el caso del puerto de Granadilla, además de ser falso, constituye una auténtica inmoralidad utilizar el drama social del paro para apoyar una obra tan inútil y de elevado impacto ambiental como escaso impacto sobre el empleo y la economía local.

7. El PSC–PSOE tiene también una cuota de responsabilidad importante en todo este despropósito. Más allá de su pronunciamiento en contra de algunos ‘efectos colaterales’ del puerto de Granadilla (como la descatalogación), el Partido Socialista tiene en su mano las acciones más importantes que ahora se pueden acometer para frenar de una vez la sinrazón del puerto de Granadilla. Por eso, Alternativa Sí se puede anuncia que va a solicitar de inmediato una reunión con la dirección insular del PSC–PSOE, para proponerle que impulse ante el Gobierno central las siguientes medidas concretas: 1) que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley canaria del Catálogo de Especies Protegidas; 2) que no exista financiación del Ministerio de Fomento para las obras del puerto de Granadilla en los Presupuestos Generales del Estado; 3) que se activen las inversiones del Plan Canarias en todo lo referido a mejoras en educación, salud pública, desarrollo de las energías renovables, impulso al sector primario, rehabilitación de la planta turística obsoleta, y en todos aquellos sectores capaces de tirar del empleo a la vez que resuelven los déficit sociales de nuestra tierra.

¡Sí se puede parar el Puerto de Granadilla!

Tenerife, a 20 de julio de 2010