sábado, 26 de septiembre de 2009

Alternativa Sí se puede por Tenerife llama a los contribuyentes a exigir que ni un euro de dinero público se destine a indemnizaciones empresariales


La deducción de las partidas presupuestarias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales anunciada por Soria, es la gota que colma el vaso de agua en los despropósitos del gobierno autónomo del Archipiélago.
Los cerca de 162 millones de euros que este año se detraerán de las políticas públicas no harán sino ahondar más en la crisis que sufren los más desfavorecidos de las islas, así como en las desigualdades y en todas sus consecuencias. Sí se puede denuncia que esta política económica neoliberal, encabezada por el pacto CC-PP en las islas, amenaza seriamente con llevarnos a la ruina y al caos y ello hará más inmoral si cabe a la política canaria.
La organización de izquierda se cuestiona si la rebaja del presupuesto en estas líneas no estará relacionada con las indemnizaciones millonarias que el gobierno autonómico tendrá que pagar a conocidos empresarios de las islas por una mala gestión y una chapuza de los servicios jurídicos del ejecutivo, demostradas con las últimas sentencias del tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Para Sí se puede es inmoral que sea el erario público, es decir, todos los contribuyentes, el que tenga que pagar la mala gestión y la reiteración en la chapuza de algunos consejeros, que nos está costando a los canarios y las canarias más de 200 millones de euros, cifra que con toda seguridad se verá incrementada con la cascada de sentencias de similar corte que están por llegar.
Desde Sí se puede se considera que estas cantidades enormes de dinero se deberán utilizar para paliar la grave situación de nuestro sistema educativo y de nuestra sanidad y no para que vaya a parar a los bolsillos de grandes empresarios como Bittini (Cabo Verde) o Eustasio López (LOPESAN).
Debido a la escasa capacidad y eficiencia de los responsables del gobierno autónomo, Sí se puede exige que con dinero público no se paguen las indemnizaciones a estos empresarios y dar comienzo a una campaña para denunciar lo que considera un atropello económico, político y moral a todos los ciudadanos del Archipiélago. Esta campaña pivotará en torno a ejes tales como exigir que no se toque un solo euro de las partidas destinadas a sanidad, educación y servicios sociales, estudiar fórmulas para que los contribuyentes exijamos que no se desvíe ni un solo euro de nuestra contribución para pagar los errores y chanchullos del gobierno, o indagar si los políticos responsables de esta situación deben asumir responsabilidades patrimoniales por estos ultrajes.